Casi 250 sanitarios gallegos se declaran objetores y se niegan a practicar eutanasias

La eutanasia se convirtió en un derecho en marzo de 2021, pero no todos los profesionales que trabajan para el Servicio Galego de Saúde están dispuestos a practicarla. Un total de 249 sanitarios gallegos se han declarado objetores de conciencia. Son sobre todo médicos, aunque también puede haber enfermeras, farmacéuticos o psicólogos. La cifra se ha elevado respecto a los 128 facultativos que hace un año estaban inscritos en el registro creado por la comunidad autónoma que los exime de participar en el proceso para ayudar a morir a aquellos pacientes que así lo soliciten.

Casi 130 médicos gallegos se declaran objetores a la eutanasia

En España suman más de 9.300 los objetores a la Ley de la Eutanasia, con Madrid, Aragón y Andalucía a la cabeza. La objeción de conciencia está contemplada en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia aprobada por el Gobierno. Son las comunidades las que deben crear un registro de objetores. En todo caso, la norma establece que las autonomías deberán aplicar las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de la ayuda para morir.

Este registro no está exento de polémica, pues hay quien denuncia que es una especie de lista negra y apuntan que puede ser origen de futuras represalias. “Se han alimentado fantasmas que no son tales. Que exista un registro de profesionales objetores es una cuestión fundamental a la hora de planificar la prestación del servicio. No me imagino otra utilidad”, defiende el presidente en Galicia de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Miguel Anxo García, que lamenta que desde algunos sectores “jueguen al desconocimiento para provocar miedo”.

En Galicia los primeros objetores se apuntaron al registro en agosto de 2021. En febrero del pasado año, según los datos del Sergas, estaban ya inscritos 128 médicos. Y en la actualidad la cifra se sitúa en 249, aunque aquí se incluyen no solo facultativos sino también profesionales de otras categorías que la Consellería de Sanidade, en esta ocasión, no desglosa.

En todo caso, desde algunos colectivos médicos apuntan a que el número de objetores de conciencia podría ser mayor de los que aparecen inscritos en el registro.

La ley de eutanasia, en 7 claves

La Asociación Morir Dignamente ve “lógico” y “normal” que exista la objeción de conciencia. “Se objeta a una acción que violenta los referentes morales de la propia persona”, aclara Miguel Anxo García.

Sin embargo, advierte que esa objeción de conciencia “no puede dificultar en ningún caso el ejercicio del derecho a la eutanasia”. Por eso, según aclara, las administraciones deben prever estas situaciones y garantizar que que se cumpla la ley.

En el caso concreto de Galicia, no les consta que la objeción de conciencia esté causando “problemas” a la hora de practicar eutanasias. Y eso no significa que no existan dificultades, según la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que apunta a “retrasos” en el proceso pero no debidos a “resistencias” entre los profesionales sino a “problemas organizativos”.

Demoras

Así, el principal tapón en el procedimiento está en la asignación de un médico responsable. Miguel Anxo García explica que, en un principio, se había regulado que una vez que el enfermo solicita la eutanasia se le adjudicara un facultativo responsable para evaluar su caso en menos de dos días, pero finalmente se retiró este plazo máximo. “Se puede tardar hasta un mes, hay retrasos difíciles de justificar”, lamenta.

“La implantación de la prestación debe agilizarse. No hay la suficiente diligencia”

Si el proceso para practicar la eutanasia sigue adelante y el enfermo se reafirma en que desea morir dignamente un segundo médico consultor deberá elaborar un informe. Y este paso también sufre retrasos, según denuncia la Asociación Derecho a Morir Dignamente. “Pueden tardar hasta mes y medio”, señala Miguel Anxo García. “La implantación de la prestación debe agilizarse. No hay la suficiente diligencia”, denuncia.

Además, por ley, la Comisión de Garantías está obligada a presentar cada año un balance de la prestación del servicio y ese informe todavía no se ha publicado. Se desconoce, por lo tanto, cuántas eutanasias se han practicado en Galicia hasta la fecha, cúal es la demora media o cuántas solicitudes están pendientes. Según el último dato facilitado por el Sergas en junio del pasado año, habían sido cuatro los gallegos que se habían acogido a su derecho a morir dignamente y había otra veintena de solicitudes pendientes de ser tramitadas.

Además, los gallegos pueden dejar constancia en su testamento vital si llegado el momento quieren que se le aplique la eutanasia. Solo a lo largo de 2022, casi dos de cada tres gallegos que hicieron testamento vital dejaron explícita esa posibilidad, lo que supone en la práctica más de mil personas.

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