“Necesitábamos una norma que, jurídicamente, nos diera garantías a la hora de realizar nuestro trabajo”, explica el coordinador de agentes forestales a nivel nacional de CC OO, Alejandro Rodríguez Pazos. El Gobierno central acaba de aprobar el anteproyecto de ley con el que se regulará la actividad de bomberos forestales y agentes medioambientales en toda España. “Determina los derechos, deberes y medios de los que deben estar dotados, así como medidas de seguridad y coordinación de bomberos forestales”, indica el Ministerio de Transición Ecológica. Esta es la reclamación longeva de un colectivo con más de 150 años de historia y que desde que fueron transferidas las competencias en Medio Ambiente a las comunidades autónomas ha visto como crecían las diferencias laborales de estos profesionales de unas zonas a otras, en Galicia afecta al menos a medio millar de personas.
“Valoramos positivamente el texto”, dice Rodríguez, que también reconoce que aun así es necesario que se maticen algunos aspectos, especialmente los concernientes a la función de estos profesionales como agentes de autoridad. “Tiene rango de ley y eso es importante porque deja clara nuestra función como autoridad”. El representante sindical gallego señala que este respaldo jurídico es fundamental para ellos, especialmente por lo que se refiere a lucha de competencias entre entidades dedicadas a la vigilancia y preservación del monte. Reconoce que parte del problema es el conflicto que se genera entre cuerpos como la Guardia Civil y los agentes forestales de las comunidades autónomas.
"En la defensa del medio ambiente no sobra nadie, hacemos falta todos"
“No entendemos por qué se pretende coartar nuestras tareas. Es un conflicto puramente corporativo, no tienen nada que ver con el personal de campo”, asegura, ya que sobre el terreno el trabajo de los profesionales de los distintos cuerpos de seguridad se hace en colaboración. “En la defensa del medio ambiente no sobra nadie, hacemos falta todos”, sentencia Rodríguez Pazos, que también es agente forestal.
La Ley de Enjuiciamiento Penal y la Ley de Montes ya ofrecían un respaldo jurídico a estos profesionales forestales en sus funciones policiales. “Cualquier ilícito penal en base a la normativa vigente nos permite lleva a cabo atestados y ponernos a disposición de jueces y fiscales, pero no siempre nos dejan desarrollar esta parte de nuestra tarea”, asegura, y recuerda que la labor de un agente forestal va más allá de la normativa de medio ambiente porque también tienen funciones en caza y pesca, por ejemplo. El Ministerio para la Transición Ecológica destaca la creación de unas bases comunes que regulen las condiciones laborales en todo el territorio. A nivel práctico se trata de algo que va más allá, puesto que cada Administración ha creado sus propias figuras con competencias diferentes. “Y esto provocaba desigualdades entre los trabajadores”, reconoce el Ministerio.
Sin embargo, el colectivo recuerda que tienen un doble carácter, uno policial y otro de gestión y atención a los ciudadanos, además de asesoramiento. Y señala que era necesario su reconocimiento como agentes de autoridad y policía judicial genérica, más allá de su condición como personal especializado en cuestiones forestales y de medio ambiente. Cuando estos agentes trabajan, lo hacen normalmente en entornos alejados de núcleos urbanos, muchas veces aislados y suelen estar solos. Ellos vigilan y detectan a personas que están cometiendo infracciones (muchas veces penales) contra el medio natural. Su labor en este aspecto, entraña un riesgo extra ya que pillan in fraganti a quienes están cometiendo un delito, algo que a veces se salda con un enfrentamiento directo.
