Más de 3.700 desempleados pierden su prestación por no renovar el paro o no acudir a citas

Eludir la obligación de acudir cada tres meses a una oficina de empleo, rechazar la oferta de un trabajo desde los servicios públicos o simplemente no acudir a petición de la Xunta privó a 3.722 parados gallegos el año pasado de su prestación. Estos castigos por incumplir los requisitos exigidos para percibir la prestación por desempleo pueden alcanzar hasta los seis meses de duración. En Galicia, están contabilizadas como demandantes de empleo 145.048 personas, con datos a cierre de enero pasado.

Los datos ofrecidos por la Consellería de Emprego suman 3.722 expedientes de sanción por vulnerar alguno de estos preceptos. En 3.509 casos los parados no mantuvieron su inscripción como demandantes de empleo, otros 96 no acudieron a citas convocadas por los servicios de empleo de la Xunta, 66 no facilitaron la información necesaria para garantizar la recepción de notificaciones, 34 rechazaron participar en talleres o programas de colaboración social y 17 incluso le dieron la espalda a una oferta a una oferta de contrato.

Cuando un trabajador se queda sin empleo, puede solicitar el cobro de la prestación durante un tiempo proporcional a los meses cotizados. Sin embargo, debe cumplir una serie de requisitos, uno de los cuales es acudir de forma trimestral a las oficinas del Servizo Público de Emprego a renovar la conocida como “tarjeta del paro”, que supone la acreditación de que el ciudadano está dispuesto a aceptar un puesto de trabajo.

Obviar esa obligación constituye una sanción leve, castigada con un mes sin cobrar la prestación que le corresponda. En caso de reincidir, la penalización crece a tres meses. A la tercera ocasión, el castigo se incrementa al medio año. Se trata del último cartucho antes de perder definitivamente esos ingresos cuando se alcanza la cuarta infracción.

El confinamiento

En marzo de 2020, tras no solo el inicio de la pandemia de COVID-19, sino con la imposición a mediados de marzo de aquel año de un confinamiento domiciliario que se prolongaría durante tres meses, la Xunta decidió eximir a los desempleados del trámite de acudir a las oficinas de empleo. En enero de 2021 se retomó el sistema tradicional, con obligación de presentarse en las citadas oficinas, aunque el Servizo Público de Emprego habilitó un mecanismo transitorio para permitir la justificación de ausencias o incomparecencias. Fue en julio de ese ejercicio cuando se recuperó la normalidad.

De los 3.722 expedientes iniciados el año pasado, el Eje Atlántico copa la inmensa mayoría, con 1.538 en la jefatura territorial de Vigo; 1.716 de A Coruña: 328 de Lugo; y 140 de Ourense, según las cifras de Emprego.

Mejoras en las oficinas

La cifra de casos resueltos, que proceden de años anteriores, fue de 2.438, si bien todos los abiertos suelen derivar en castigo tras la concesión de un plazo para presentar alegaciones. De esa cifra, 895 corresponden a la jefatura de Vigo; 1.293 a la de A Coruña,; 182 a Lugo; y 68 a Ourense, de acuerdo con las estadísticas del departamento dirigido por María Jesús Lorenzana.

Este prevé invertir 3,3 millones a lo largo de este año a mejorar las infraestructuras de las oficinas de empleo en toda Galicia. Además, creará un servicio propio y permanente de orientación laboral que supondrá la incorporación de 136 personas.

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