Sanidade pagará hasta 5.300 euros extra al mes a médicos por siete guardias voluntarias

La Xunta crea una bolsa de sanitarios dispuestos a cubrir turnos en los PAC de Pontevedra. Son los que tienen un 20% de vacantes. Cobrarán 230 euros diarios por disponibilidad

Personal de un PAC de Ourense

Personal de un PAC de Ourense / Iñaki Osorio

Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

La Xunta sigue moviendo ficha para mitigar los problemas que afectan al sistema sanitario gallego y que centrarán las quejas de la manifestación convocada el domingo en Santiago, apoyada por los partidos de la oposición. La Consellería de Sanidade pagará hasta 5.309 euros extra al mes a los médicos que cubran siete guardias en ese período a mayores de sus jornadas en las áreas sanitarias que cuenten con al menos un 80% de Puntos de Atención Continuada (PAC) con vacantes estructurales, es decir, bajas de larga duración o problemas permanentes de cobertura. A ese plus sumarán su salario habitual.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer tras la reunión semanal del Consello una medida que se pondrá en marcha de manera “inmediata”. Lo hizo un día después de sumar otra nueva batería de soluciones que considera de transición para paliar la “falta de médicos”, de la que culpa al Gobierno central por no convocar un proceso MIR extraordinario y así permitir la formación de más facultativos.

Sanidade creará una bolsa de médicos voluntarios para hacer guardias en PAC donde existen plazas no cubiertas o bajas de larga duración recurrentes. Se trata de un traje a medida, de momento, para el área sanitaria de Pontevedra, aunque no se descarta aplicarlo en otros lugares donde se registre la misma problemática. El programa estará operativo seis meses, cubriendo así el verano, especialmente problemático en Pontevedra, pero podría prolongarse.

Alfonso Rueda en la comparecencia posterios a la reunión del Consello de la Xunta.

Alfonso Rueda en la comparecencia posterios a la reunión del Consello de la Xunta. / Lavandeira Jr. / EFE

Los médicos voluntarios podrán ser llamados un mínimo de tres días al mes y un máximo de siete, pero cobrarán tanto por estar disponibles, lo que los obliga a permanecer a menos de media hora del centro, como por trabajar.

Por la disponibilidad percibirán 230 euros diarios, por lo que cobrarán entre 690 y 1.610 euros mensuales por este concepto si se ofrecen para estas guardias tres días o siete. Si son llamados para atender pacientes, cobrarán a mayores otros 250 euros por una guardia de 7 horas, 611 por una de 17 y 862 por una de 24. La retribución mínima, de tener que trabajar, sería de 941 euros al mes –estar inscrito tres días y cubrir una guardia de 7 horas– y la máxima, de 5.309 –estar inscrito para siete jornadas y cubrir siete guardias, pero con los preceptivos descansos–, según detalló la Xunta.

“Hay que actuar”, justificó Rueda sobre este intento de evitar que haya PAC, situados todos en cabeceras comarcales, sin atención médica por culpa de bajas prolongadas o vacantes, algo que está golpeando el área sanitaria de Pontevedra. De hecho, recientemente se cubrió un puesto en O Grove, pero con un sanitario que dejó n hueco en otro lugar de la provincia. “Desde hace semanas, ya hay residentes MIR de cuarto año que refuerzan PAC’s, sobre todo en Pontevedra”, recordó Rueda.

“Se dice que hay que contratar más profesionales, pues tomamos medidas”, expuso antes de asegurar que “esto se solucionaría con una convocatoria MIR extraordinaria y la creación de la especialidad de Urgencias”, servicio que roba facultativos a los ambulatorios.

Rueda también detalló una de las medidas planteadas por Sanidade a los sindicatos, que hoy podrán presentar alegaciones. Ofrecerá a todos los residentes un contrato de tres años cuando acaben su formación, promete reducir las agendas de los médicos de Atención Primaria a 33 pacientes diarios con al menos 10 minutos para cada uno y ofertará 413 puestos sin necesidad de oposición para contratar de manera fija a médicos en lugares poco atractivos y con dificultades para cubrir las plazas.

De esa cifra, 72 corresponden a médicos de Primaria, 59 a pediatras de centros de salud, 109 a especialistas en hospitales comarcales y 173 a sanitarios de salud mental.

Rueda negó ante la prensa que estas propuestas, como el plan para realizar hasta 1.200 intervenciones extraordinarias diarias del mes pasado, respondan a la manifestación prevista el domingo, a las puertas de las elecciones municipales de mayo. Recordó que ya el año pasado se cambió la ley para realizar la primera oferta de 106 puestos por concurso de méritos. El 25% fue logrado por médicos de fuera de Galicia o que trabajaban en la privada.

Eso sí, arremetió de nuevo contra BNG y PSdeG. “Les interesa más el desgaste político de la Xunta que mejorar la sanidad”, resumió antes de cargar contra el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que pidió a sus vecinos acudir a la protesta “Tan manso para reclamarle cosas al Gobierno central, que le manda papeles, pero solo pone 30.000 euros para la salida sur de Vigo... Tras la manifestación hay muchísimo movimiento político”, zanjó.

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La Xunta se agarra a la decisión del Tribunal Supremo de validar la prórroga de la concesión a Ence para continuar en la ría de Pontevedra hasta 2073, en la que ve un aval al mantenimiento de miles de casas y empresas situadas en el litoral de la comunidad y amenazadas por el nuevo reglamento de Costas del Gobierno central. “La sentencia avala la posición de la Xunta sobre las prórrogas de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre”, proclamó ayer Rueda tras haber estudiado el caso en la reunión del Consello a raíz de un informe de la Consellería de Medio Ambiente. Reconoció, eso sí, que todavía se desconoce el contenido íntegro del fallo. El Supremo sí respaldó la prórroga concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy a la papelera alegando que contaba con todos los informes medioambientales a favor, tumbando así fallos anteriores de la Audiencia Nacional.

El Supremo considera que “se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, siempre que consten informes medioambientales favorables”. Y esa es la clave a la que se agarra la Xunta, que abrió un conflicto con el Gobierno central después de que este aprobase un real decreto en agosto pasado que afectaba a las concesiones de viviendas y empresas situadas en dominio público marítimo-terrestre con concesiones previas a la Ley de Costas de 1988. Rebajó la duración de las concesiones de 75 a 30 años y redujo a 30 años las prórrogas extraordinarias concedidas, por lo que obligaba a dejar la costa a quienes disfrutasen de una concesión previa a 1988.

La Xunta recurrió ante el Supremo una norma que afectaría, según sus cálculos, a 4.000 construcciones en el litoral gallego. “Creemos que el recurso quedaría avalado [por el fallo a favor de Ence]”, concluyó Rueda.

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