“La sanidad ideal debe garantizar el acceso público, la prestación es discutible”

Orgullo y satisfacción, son las emociones que experimenta Juan José Santamaría, desde que la Real Academia de Farmacia de Galicia le ha propuesto como Académico Correspondente. Una distinción reservada a aquellos profesionales cuya trayectoria haya supuesto una contribución significativa al campo farmacéutico desde sus disciplinas.

Economista y abogado de profesión, su vínculo con la farmacia se inicia con una tesis dedicada al mercado farmacéutico. Además, su análisis de la asistencia farmacéutica en el contexto sanitario en Galicia, le valió el reconocimiento del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra en los años 80, que le otorgó el Premio Fernández del Riego. Desde entonces, su labor profesional ha estado estrechamente ligada a la economía de la salud, por la que se ha convertido en el primer economista que recibe el honor de formar parte de la Real Academia de Farmacia.

–¿Por qué un economista en la Real Academia de Farmacia?

–Yo soy profesional de las ciencias económicas, una ciencia instrumental para los farmacéuticos. En economía aplicada existe un área dedicada a la salud. Al igual que en los estudios de Farmacia hay una asignatura basada en contabilidad y fiscalidad. La contribución de los economistas ya estaba ahí, lo que no había hasta ahora, quizá, era un reconocimiento público.

–Actualmente las oficinas de farmacia dependen de la Consellería de Sanidade, ¿cree que habría que liberalizar el mercado?

–En España todos los temas de salud forman parte de los llamados mercados regulados. Plantearse liberalizarlos implica ciertos inconvenientes que deben tenerse en cuenta. Primero, qué se entiende por liberalizar, ¿que cualquiera pueda vender medicamentos en cualquier establecimiento? En España prima el interés público, así que no es posible. Pero se podría plantear un modelo por el que el farmacéutico no necesariamente deba ser el titular o propietario del negocio. Pero sí que se haga responsable de esa actividad sanitaria. Curiosamente cualquiera puede ser accionista de un hospital o propietario de una óptica y contratar a un oculista. Pero en España, la propiedad va ligada a la actividad en el ámbito farmacéutico.

–El modelo del servicio farmacéutico español tiende entonces a crear oligopolio.

–Sí, porque al hacerlo así se limita mucho el acceso al negocio de las farmacias. Gran parte de los titulados tienen dificultades para ejercer la actividad, en parte por los requisitos y en parte por la gran inversión inicial. Se da el caso además de que en Galicia, como la población no aumenta, las licitaciones están retraídas.

–¿La dispersión geográfica de Galicia influye en las licitaciones?

–Claro porque el número de farmacias depende de la población a la que hay que atender. La Xunta suele autorizar una farmacia adicional cada 2.000 o 3.000 habitantes más por municipio. Pero esta dispersión es evidente y ha marcado las concesiones de los últimos años, en las que ha primado el rural. Hoy se puede encontrar fácilmente una farmacia en una carretera comarcal cada 15 kilómetros. Pero sigue existiendo la limitación de la dispersión de la población.

–Como economista de la salud, ¿considera que el modelo sanitario es adecuado?

–En España, la dispensación de medicamentos y el resto de servicios sanitarios están tan restringidos porque prevalece ese interés general del que hablaba. Nuestro modelo es razonable para el nivel de desarrollo del país, ya quisieran los norteamericanos. Pero, ¿qué hacen los ciudadanos cuando no pueden comprar una casa? La alquilan. Para mí, lo ideal sería garantizar por ley el acceso público a los servicios sanitarios. Luego, la prestación es un tema discutible.Tenemos un sistema público-privado en hospitales y colegios concertados cuando no se puede financiar públicamente, algo que no es malo porque les hace competir y eso contribuye a que cada uno intente mejorar.

–El sector sanitario tiene otros retos. Nos faltan médicos y no dejan de salir oposiciones sin cerrar procesos selectivos anteriores.

–Es un tema de política sanitaria y de programar la cantidad de médicos que se necesita en la universidad, no a 4 años vista, sino ahora. Los nacidos en los 60 se están jubilando, ¿dónde están las tasas de reposición? Es responsabilidad de la Administración eso, y la lentitud burocrática.

–Su discurso de toma de posesión está dedicado a “La naturaleza jurídica y régimen económico de las Reales Academias”, se trata del único pronunciado hasta ahora por sus predecesores que no guarda relación directa con el ámbito sanitario. ¿Por qué ha elegido este tema?

–Pretendo hacer una aportación práctica porque para mí, hay una disfunción entre los incentivos fiscales propios de las entidades sin fines lucrativos a los que se acogen las reales academias de ámbito estatal (son 10), y las autonómicas. La Academia gallega tenía más protección cuando era una delegación dependiente de la nacional. Es necesario mejorar la Ley de Mecenazgo 49/2002 para que sean tratadas por igual. Es posible este cambio pero hay que tratarlo a nivel político. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una donación a la universidad o a un hospital, podrá desgravársela en la declaración de la renta, de 150 euros hasta 120. Pero no ocurre así en el ámbito autonómico de las Reales Academias porque, en general, no hay leyes aplicables.

El acto de toma de posesión tendrá lugar el próximo 23 de febrero a las 19.00 horas en la sede santiaguesa de la Real Academia de Farmacia de Galicia. Santamaría es el segundo profesional ajeno al sector sanitario que lo consigue, solo precedido por el catedrático en Derecho Mercantil, José María Lema.

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