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El traspaso de la AP-9: dos años en vía muerta

En febrero de 2021 el Congreso aceptó la propuesta de Galicia de transferir la autopista, pero desde entonces apenas se avanzó

El puente de Rande de la AP-9.

El puente de Rande de la AP-9. / Marta G. Brea

X. A. Taboada

X. A. Taboada

Hace dos años, PP, PSdeG y BNG aplaudían la decisión adoptada por el Congreso de los Diputados. La Cámara baja había tomado en consideración la proposición de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento gallego para iniciar el traspaso a Galicia de la titularidad y las competencias de la Autopista del Atlántico (AP-9). Fue el 2 de febrero de 2021 y aunque no era la primera vez que la comunidad formulaba esta demanda, esta vez parecía la definitiva. Sin embargo, 24 meses después la transferencia sigue en vía muerta y sin apenas avances desde que Diego Calvo, Ana Pontón y Gonzalo Caballero la defendieran en el hemiciclo. Salvo Vox, todos los partidos apoyaron con sus votos la propuesta del Parlamento gallego.

El camino se torció enseguida. El primer aviso se produjo porque no se daba cerrado el plazo de presentación de enmiendas, proceso por el cual los distintos grupos parlamentarios pueden incorporar correcciones al texto original para enriquecerlo, acotarlo, definirlo mejor o, por el contrario, darle la vuelta.

Hubo quince prórrogas, hasta que a mediados de junio se dio por cerrado el procedimiento de presentación de enmiendas. Y fue ahí cuando saltó todo por los aires y se rompió el consenso con el que desde Galicia se había presentado la demanda bajo la fórmula de una proposición de ley y con el que, en primera instancia, se había iniciado el trámite en el Congreso.

Enmiendas de peso

El PSOE presentó varias correcciones a la iniciativa legal que la descafeinaban por completo. No habría traspaso de la titularidad a Galicia, sino solo transferencia de las competencias de “administración y explotación” de la AP-9. Alegaban –y aún así perdura el contenido– que traspasar su propiedad “podría comprometer” la aprobación de las futuras bonificaciones a los peajes por parte del Gobierno.

Esas bonificaciones se aprobaron en julio de ese año en Consejo de Ministros y supone que el Ejecutivo central tengan reservados 2.300 millones de euros –destinados a compensar a Audasa– para hacer frente a los descuentos en la tarifas mientras dure la concesión de la AP-9 (hasta 2048).

Esta decisión dio pie al giro emprendido por el PSOE solo cinco meses después de llegar la demanda gallega al Congreso. Los socialistas veían “más adecuado” que se planteara la transferencia “de determinadas competencias sobre la administración y la explotación” de la infraestructura “manteniéndose en principio, la titularidad por parte de la Administración General del Estado”, porque además la AP-9 cumple “las características de la Red de carreteras del Estado porque conecta las áreas de influencia de los cinco puertos de interés general del Estado en Galicia y sus principales rías.

El PP responde

El PP no se quedó con las manos en los bolsillos y en sus enmiendas exigió que el eventual traspaso se acompañara de los recursos necesarios para mantener durante todo el período concesional un sistema de bonificaciones que contribuya a paliar el impacto de los peajes en los usuarios. Argumentaron los populares que querían evitar que la eventual transferencia se convirtiera en una “carga económica” para la Xunta a la que, además, no fuera capaz de responder.

Ambas posturas resultan inconciliables, además de chocar con el planteamiento inicial aprobado por el Parlamento gallego, por lo que pretender que la tramitación avanzara resultaba muy complicado. Aún así, el BNG denunciaba el bloqueo de la iniciativa gallega y reclamaba la continuación de los trabajos parlamentarios, erigiéndose como el único partido que se mantenía “fiel” a la ley que salió de la Cámara autonómica.

Ponencia congelada

En septiembre de 2021 parecía que al menos se pretendía dar un pequeño paso adelante en el Congreso, al activarse la ponencia –grupo de diputados– encargada de debatir las enmiendas al texto original. Pero se quedó en un amago, porque desde entonces no se ha reunido ni siquiera ha sido convocada, por lo que todo sigue más o menos en la posición de salida, sin que existiera desde entonces la más mínima aproximación entre PSOE y PP en sus postulados.

En todo caso, el proceso que tiene por delante es muy largo, porque primero debe completar su paso por la Comisión de Fomento –donde se votarán las enmiendas–, volver de nuevo al pleno del Congreso, ir al Senado y si se introduce algún cambio en esa fase, volver a la Cámara baja. Y después llegará la parte más compleja, la negociación bilateral entre la Xunta y el Gobierno central para acordar las condiciones del traspaso, sin que para ello existan fechas de inicio ni plazos comprometidos para su finalización.

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