Ocho de cada diez ocupaciones en Galicia son de viviendas de procedencia bancaria, fondos de inversión y la Sareb, conocido como banco malo. Aunque fueron detectadas más de 660 usurpaciones de pisos o casas en 2022 en la comunidad, según la patronal inmobiliaria, poco más de un centenar fueron denunciados, con datos de la Policía Nacional.

Este balance deja en unos 145 los inmuebles de particulares asaltados, una cifra que se correspondería con los casos en los que los propietarios exigen la intervención policial o judicial para el desalojo. Las comunidades de vecinos reclaman cambios en la norma para evitar que las ocupaciones se prolonguen en el tiempo y causen problemas de convivencia en sus edificios y barrios. Para ello, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia urge que las comunidades de propietarios también puedan emprender acciones legales para desalojar a los ocupantes que se han asentado en una vivienda, potestad ahora reservada para los dueños de los inmuebles afectados. El colectivo se suma a la reclamación planteada por la Xunta al Gobierno.