“El pasado verano no fui capaz de atender todas las llamadas para cavar pozos. Durante la sequía la demanda se disparó, especialmente en el verano”. José Manuel Guerra posee una empresa dedicada a horadar extracciones privadas de agua en Teo y hace medio año su actividad fue frenética al combinarse dos factores. Por un lado, el bum de mudanzas hacia el rural experimentado desde la pandemia de COVID-19. Por otro, la falta de precipitaciones, que encendió las alarmas y disparó el miedo a perder el suministro. En los tres últimos años, es decir, desde la irrupción a comienzos de 2020 de la pandemia de SARS-CoV-2, los gallegos cavaron casi 1.800 nuevos pozos particulares para tratar de disponer de reservas particulares de un elemento imprescindible.
La sequía parece ahora un cuento lejano después de las lluvias de las últimas semanas, que permitieron levantar una alerta activada a comienzos del año pasado. Alrededor de 80 municipios se vieron obligados a imponer restricciones al consumo durante el verano por el miedo a que sus embalses se acercasen a niveles críticos. Adiós a baldeo de calles, riego de jardines e incluso al suministro a la ciudadanía durante algunas horas del día.
Además, desde la pandemia, un centenar de concellos pequeños ganaron población gracias a la huida de los ciudadanos que recordaban la dureza del confinamiento en un piso. Buscaban espacios abiertos.
En ese contexto, estos tres años han estado marcados por una gran demanda de empresas que cavan pozos de barrena, reclamaciones que se han frenado desde el mes pasado debido a la llegada de las lluvias. “Desde la pandemia, vivimos una gran demanda, tanta que no cesaba”, insiste el propietario de Sondeos Guerra.
“En muchas aldeas las casas se abastecen con traídas vecinales. Al perder caudal, muchas personas tenían miedo a quedarse sin agua y se construían un pozo”, relata sobre una obra que cuesta, de media, entre 2.500 y 3.000 euros.
Aun así, la sequía también dificultó encontrar los acuíferos apropiados e incluso obligó a horadar a mayor profundidad. “Depende siempre de la zona, hay pozos en los que es necesario bajar a 50 o 60 metros, pero en otros tienes que ir hasta los 100”, comenta Guerra sobre un sistema consistente en la excavación hasta la fuente de agua. Luego se realiza un entubado con PVC y se instala una bomba para que fluya el H2O hasta la cocina o el baño de una vivienda.
Galicia alcanza ahora los 24.231 puntos de extracción privados de agua. De ellos 12.267 están situados en la fachada atlántica, es decir, competencia de la Confederación Hidrográfica Galicia-Costa, gestionada por la Xunta. Otros 11.964 se sitúan en el interior de Lugo y Ourense y pertenecen a la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil, cuyo control recae en el Gobierno central.
Estos puntos de extracción siempre deben registrarse ante la cuenca correspondiente, aunque la necesidad de una concesión depende de la cantidad de agua que se va a detraer del subsuelo, así como una licencia municipal de obra y añadir un contador para detallar el consumo. “Si el caudal que se detrae del mismo es menor a 7.000 m³/año y el agua se va a utilizar en la misma parcela en la que está el pozo, entonces no es necesaria concesión y solamente se tramita la inscripción en el registro”, apuntan desde la Consellería de Infraestruturas, de la que depende Augas de Galicia.
El año pasado, se autorizaron 449 pozos en Galicia-Costa, unidos a otros 857 entre 2020 y 2021. En el caso de Miño-Sil, en 2020 sumaron 213 y en 2021, último año del que se disponen datos, 264.
