Los concellos alertan del sobrecoste de la ayuda en el hogar: superará los 200 millones
El servicio con mayor demanda de los dependientes se encarece un 33% en dos años | Casi 26.000 personas lo reciben. La Fegamp denuncia la infrafinanciación de Gobierno y Xunta
Una cuidadora del SAF con una mujer dependiente. / Casteleiro/Roller Agencia
El envejecimiento poblacional en Galicia, que ha elevado la edad media de 39 años en 1992 a 48 el año pasado, constituye un desafío para las administraciones públicas, especialmente para unos ayuntamientos que alertan de su asfixia económica por el sobrecoste que suponen servicios cuya demanda se incrementa cada año. En primer lugar de esa lista se sitúa el servicio de ayuda en el hogar (SAF), que permite a mayores dependientes recibir atención de un cuidador durante unas horas al día para que los ayude en tareas de higiene personal o de carácter doméstico. Cuanta más población de edad avanzada, más demanda. Y los ayuntamientos reclaman más fondos a Xunta y Gobierno central, pues el coste de esta prestación superará este año la barrera de los 200 millones de euros por primera vez en la historia, lo que supone 50 millones más que en 2021: un 33% de incremento en dos años.
El SAF resulta un servicio clave en Galicia, la comunidad que mayor porcentaje de dependientes adheridos a este sistema posee: los usuarios prefieren que los ayuden en sus hogares durante unas horas y mantener su domicilio antes que ingresar en una residencia, motivo por el que la comunidad se encuentra también a la cola en plazas de este último servicio. La dispersión, además, “incrementa notablemente” el coste del SAF, lo que está generando problemas en el ámbito municipal.
La Audiencia Nacional dictaminó el pasado junio la obligación de que las empresas que prestan este servicio les subiesen un 6,5% el salario a las cuidadoras, aplicando el convenio que obliga a repercutir en la nómina el índice de precios al consumo (IPC). Esa cifra corresponde a 2021 y queda aplicar el de 2022.
Muchas empresas perdieron con esa aplicación su margen de beneficio y a finales del año pasado comenzaron a forzar nuevas licitaciones para mejorar los contratos, como desveló FARO en octubre. Sucedió, por ejemplo, en Taboadela o Vilalba.
Los concellos denuncian que asumen la mayor parte del coste de este servicio. “Cuando nació la Ley de Dependencia, el compromiso inicial era que estas partidas fueran financiadas por Estado y comunidades autónomas, independientemente de que la gestión fuera realizada por los ayuntamientos como administración más próxima a los vecinos. Obviamente, los datos de financiación reflejan una situación muy diferente a día de hoy”, reprocha la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
En 2019, los municipios pagaban 11 euros la hora a las empresas del SAF, 9 de los cuales los aportaba la Consellería de Política Social. Esta elevó a 11 su contribución el año pasado y preveía alcanzar los 12 en 2024, aunque finalmente decidió adelantar esa subida a este mismo año para un servicio que beneficia a casi 26.000 ciudadanos.
Esas cifras resultan insuficientes para unos municipios que alertan de una “situación muy preocupante” en un sector, además, que experimentó una huelga de las trabajadoras del SAF a finales del año pasado para exigir el cumplimiento del convenio a las empresas que no lo seguían y el fin de su precariedad.
“La aportación máxima de 12 euros la hora prevista por comunidades y Estado para 2023 (en total, 112 millones, de los cuales 47,4 se financian a través de fondos propios de las autonomías, y 65,2, de fondos finalistas del Estado) va a ser absolutamente insuficiente, si tenemos en cuenta que los nuevos contratos están licitándose a precios que van desde los 18 a los 21 euros por hora más IVA”, alerta la Fegamp sobre el peligro de desequilibrio económico para los municipios para poder afrontar el pago del SAF.
Política Social niega “peligro” para el servicio, pero la patronal de los concellos eleva el tono de alarma, transmitida a la Delegación del Gobierno el pasado lunes y a la Xunta, a la que propone una reunión con empresas y trabajadores. “Nos han mostrado su enorme preocupación en cuanto a la sostenibilidad del servicio en un futuro próximo si no se adoptan medidas, pero no se ha recibido respuesta hasta este momento”, lamenta la Fegamp.
El gasto en el servicio de ayuda en el hogar, becas para comedores o compra de material escolar, cheques sociales y similares que desembolsan ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades nunca había sido tan grande en la historia de la comunidad. En 2021, último año fiscalizado, la cuantía rozó por primera vez los 500 millones de euros, de los que 387,3 correspondieron a los concellos.
Son los servicios sociales y la promoción social los que copan la mayor parte de esas partidas, con 280,7 millones a cargo de los municipios, cifra seguida de 93,2 correspondientes al fomento del empleo. Otros 8,5 se dedican a prestaciones económicas a favor de los desempleados y apenas 4,7 a completar pensiones de sus trabajadores, según el desglose económico realizado por la Fegamp a partir de la liquidación económica de las entidades locales.
“La gran preocupación en este capítulo es la evolución del gasto en servicios sociales y promoción social, que ha crecido en los últimos siete años en más de 100 millones de euros (un 61%), con especial incidencia en el gasto derivado del Plan Concertado de Prestaciones Sociales (red de servicios de atención primaria que permiten la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía en materia de servicios sociales) y, singularmente, del servicio de ayuda en el hogar”, destacan desde el órgano que aglutina a las entidades locales gallegas y que presidente el alcalde de Vilagarcía, el socialista Alberto Varela.
En el caso del Plan Concertado, la Fegamp denuncia que la cofinanciación de Xunta y Gobierno central se ha reducido en la última década y ahora se financia con un 88% de fondos locales cuando la media estatal es del 60%. Ambas administraciones aportarán en 2023 un total de 14,8 millones de un gasto de 100.
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