El gasto social de municipios y diputaciones bate su récord y roza por primera vez los 500 millones

El Concello de Vigo lanzó el año pasado una ayuda extraordinaria de 205 euros para ayudar a todos los alumnos de Primaria, Secundaria y Educación Especial de la ciudad a comprar libros y material escolar y ahora estudia prorrogarla el próximo curso si persiste la elevada inflación. Marín destinó en 2021 hasta 10 euros al mes por cada niño usuario de los comedores escolares y Santiago aumentó en 130.000 euros el pasado septiembre hasta rozar los 800.000 la dotación de su programa de ayudas para comedores y material escolar. Son tres ejemplos del cada vez mayor desembolso desde el ámbito municipal en ayudas de carácter social, que en 2021 rozaron por primera vez los 500 millones de euros, el techo hasta el momento en la comunidad.

Las actuaciones de “protección y promoción social” de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades incluyen desembolsos no obligatorios, sino voluntarios que comprenden “todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, minusválidos físicos y tercera edad; y medidas de fomento del empleo”.

La liquidación de las cuentas municipales correspondientes a 2021 que acaba de revelar el Ministerio de Hacienda reflejan el incremento del peso de estas actuaciones en la gestión municipal. Cerraron ese ejercicio con 491,3 millones dedicados a estas medidas, casi 42 más que en 2020, el ejercicio en que irrumpió la pandemia de COVID-19, y casi 100 más que en 2019, el último año previo al coronavirus.

La austeridad

Las cifras cobran relevancia si se comparan con las actuaciones durante la crisis pasada, la financiera entre 2008 y 2012 causada por la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, que arrastró a toda la economía mundial como un castillo de naipes. Entonces, se impuso la austeridad. Llegaron los hombres de negro y ordenaron limitar al máximo el gasto público.

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La crisis del COVID-19, gracias a la decisión de la Unión Europa y su financiación, se afrontó de manera diferente. El gasto social de concellos y diputaciones resulta un indicador más de ese nuevo paradigma, con un 80% más de desembolso que en 2012 (219,3 millones más que los 272 de 2012), si bien es necesario aplicar el factor corrector de la inflación.

Cambios legales

Los cambios legales impactaron de lleno en este capítulo. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impuso desde 2013 la obligación de amortizar deuda en caso de superávit, aunque en 2015 se permitió a las entidades locales saneadas dedicar parte del excedente a inversiones “financieramente sostenibles”, que posteriormente se abrieron a cuestiones sociales.

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El listado incluye aumentos del 1.000% en el caso de Verea, en Ourense, que pasó de un gasto en actuaciones de protección y promoción social de 25.178 euros en 2020 a 279.011 en 2020 o de un 972% en Quintela de Leirado (de 44.862 a 481.106). En la provincia de Pontevedra destacan Mondariz (+122%), Salceda de Caselas (+46%), Caldas de Reis (+31%), A Cañiza (+29%) y Marín (+28%).

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