La nueva ley de universidades blinda que el 1% del PIB sea para los campus en 2030

La nueva ley que regulará el sistema universitario superó ayer otro trámite parlamentario. La comisión de Ciencia, Innovación y Universidades ratificó el texto por 19 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV), 15 en contra (PP, Vox y BNG) y 2 abstenciones (Bildu y Ciudadanos). En las próximas semanas, la norma se volverá a discutir en el pleno del Congreso y se aprobará definitivamente tras su paso por el Senado. La Losu (ley orgánica del sistema universitario) es la tercera norma universitaria de la democracia. Sustituye a la Lou, una norma aprobada hace 20 años. Estas son algunas de las claves de la ley:

Financiación.

El texto incorpora el compromiso de que el 1% del PIB se dedique a la enseñanza universitaria. El Estado se compromete a aumentar la financiación mientras que las comunidades deberán comprometer a destinar los fondos recibidos a la educación superior y no a otra cosa. Habrá un calendario de adaptación hasta 2030.

Estabilidad laboral.

La Losu entrará en vigor en el primer semestre de 2023. Sin embargo, para todo lo que tiene que ver con el profesorado y su estabilidad laboral, la aplicación de la norma se aplazará hasta el curso 2025-26. Será entonces cuando la temporalidad quedará reducida a un 8% (en lugar del 40% actual): docentes visitantes, distinguidos y sustitutos. Mientras, los profesores asociados (profesionales con experiencia “relevante” en la asignatura que imparten) tendrán contrato indefinido y bajarán de 180 horas lectivas a 120. El acceso a la carrera se realizará con la figura del ayudante doctor, que tendrá un contrato de seis años (en lugar de cinco) como paso previo a la estabilización a través de las figuras de titular de universidad o permanente laboral.

El rectorado.

El primer borrador permitía que no catedráticos fuesen rectores. La propuesta fue rechazada y ahora el texto deja ahora en manos de las universidades -que tienen autonomía propia- el establecimiento de los requisitos que un profesor deberá tener para aspirar al cargo de rector, cuyo mandato durará seis años (no cuatro, como hasta ahora) y no será renovable.

Paro académico.

Por primera vez, se reconocerá el derecho al paro académico por parte de los estudiantes (no se llama huelga porque no son trabajadores), una práctica habitual entre los estudiantes pero que, curiosamente, no está recogida en los estatutos de muchas facultades. La representación de los estudiantes en los órganos de gobierno se ha aumentado y blindado. La ley ofrecerá formación (y microformación) a los estudiantes a lo largo de la vida. Matricularse en una facultad no solo será posible con un título académico (bachillerato y selectividad), sino que también se abre la puerta a profesionales con acreditada experiencia en un campo laboral.

Colegios mayores.

Aunque el proyecto inicial no lo recogía, el texto sí que incorpora una enmienda para que los colegios mayores que segregan por sexo no estén adscritos a una universidad pública. El cambio se debe a la polémica de este año en el colegio mayor masculino Elías Ahuja de Madrid.

Rechazo de la Xunta

. El conselleiro de Educación lamenta que la futura ley no aborda “lo realmente significativo para el sistema universitario”: “No se habla de financiación, no se habla de gobernanza, no se habla de conectividad con la sociedad y con el mundo empresarial”. Rodríguez criticó ayer “la fuerte carga ideológica” del proyecto y subrayó que genera un “gran rechazo de toda la cadena del sistema universitario”. “Da la sensación de que no nos estamos tomando en serio legislar. No es una ley ordinaria. Influye en el futuro de un país de un modo muy fuerte”, advirtió.