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Galicia detecta 182.000 fincas sin limpiar cuyos dueños desconoce o no localiza

Medio Rural desbroza de manera subsidiaria los terrenos de propietarios ilocalizables que se encuentren en parroquias de alto riesgo | Casi 11.000 ciudadanos encargan a Seaga la tarea

Dos personas realizan tareas de desbroce en una finca situada en Moaña. / RAFA VÁZQUEZ

Dos personas realizan tareas de desbroce en una finca situada en Moaña. / RAFA VÁZQUEZ / Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Santiago

Desde hace más de quince años, los dueños de fincas en el rural situadas cerca de las viviendas y vías de comunicación están obligados a desbrozar sus terrenos antes de junio para reducir el riesgo de que se produzcan incendios forestales. La administración debe perseguir el incumplimiento de este mandato, pero no solo choca con la incapacidad de peinar todas las parcelas existentes en la comunidad cada temporada, sino con la imposibilidad para localizar o identificar propietarios de terrenos en las que la maleza y los árboles constituyen una amenaza potencial para la aparición y propagación de las llamas. Desde el año pasado, la Consellería de Medio Rural ha detectado casi 182.000 propiedades cuyo dueño desconoce o no logra contactar para notificarle la amenaza de sanción si no limpia de combustible sus propiedades.

El incumplimiento de la obligación de desbrozar terrenos rústicos situados en las conocidas como fajas de seguridad puede derivar en sanciones desde los 100 euros, en el caso leve y sin reiteración, hasta el millón de euros en las situaciones más graves, así como el cargo subsidiario de la limpieza que ejecuten técnicos de la empresa pública Seaga. Aun así, la administración autonómica cuenta con un sistema de notificaciones en el que se trata de alertar a los dueños de su infracción antes de sancionarlos.

Desde el año pasado, el departamento de José González tramitó avisos correspondientes a 379.376 parcelas sin limpiar, “advirtiéndoles de la repercusión del coste y de la imposición de la correspondiente sanción”. Uno de los problemas para la administración radica en el gran volumen de notificaciones que no logra entregar bien por desconocer al dueño de la finca, bien por no localizarlo. De la citada cifra, 197.697 correspondieron a notificaciones personales, pero 181.679 son referencias catastrales publicadas o a punto de serlo en el Diario Oficial de Galicia (DOG) o en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Estas últimas, por tanto, representan casi el 48% del total.

Minifundismo y herencias

El minifundismo y las herencias que acaban descomponiendo las propiedades de muchas fincas cuyas escrituras no se actualizan luego en los registros suponen un añadido a la vigilancia para que el monte esté limpio de combustible antes del comienzo de la campaña de mayor riesgo de incendios. A eso se añade que son los concellos los que deben iniciar el procedimiento sancionador, que luego finaliza Medio Rural. Sus técnicos inspeccionaron el año pasado y este 84.113,6 hectáreas distribuidas en 1.231.014 parcelas.

De hecho, la Xunta del PP impulso varios cambios legales en los últimos años para enfrentarse a la problemática de los dueños desconocidos o ilocalizables. Primero, permitió a la administración entrar sin permiso en esas fincas para limpiarlas, con la intención de pasarle luego la factura a los dueños al localizarlos. Luego, abriendo la posibilidad de expropiar fincas abandonadas si en cinco años nadie acreditaba su propiedad.

De las 181.679 fincas sin limpiar cuyos dueños no pudo localizar, Medio Rural impulsó la limpieza de aquellas situadas en las consideradas en las “parroquias priorizadas”, es decir, en los lugares de mayor riesgo de incendios (157 en 81 concellos), así como en un máximo de 10 hectáreas de los concellos que lo solicitasen.

Medio Rural limpia esos terrenos y trata de cobrar luego los gastos a los responsables. Para facilitar esta reclamación, la Xunta impulsó cambios legales porque hasta ahora “no se podía recaudar por la administración autonómica, por corresponder a una competencia municipal”, lo que acababa complicando los cobros.

Para fomentar la limpieza de fincas, Medio Rural y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) llegaron a un acuerdo en 2018 para que la empresa pública Seaga ofreciese la opción de limpiar terrenos en las fajas de seguridad (el perímetro de 50 metros alrededor de las casas y otras infraestructuras) a un coste de 350 euros por hectárea. Se puso en marcha en 2019.

El año pasado, se firmaron 10.219 contratos de este tipo con particulares, cifra que este ejercicio alcanzó los 10.784, según Medio Rural, que destaca el impacto positivo tanto de este convenio como de la “concienciación ciudadana”. “En lo relativo a la superficie gestionada por sus propietarios o de forma subsidiaria por Seaga, esta pasó de representar la mitad del total en 2019 a superar el 70% este 2022”, apuntan desde el departamento de José González.

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El incumplimiento de alguna de las normas antiincendios de la comunidad en el ámbito forestal generó durante los últimos cuatro años la apertura de 2.597 expedientes sancionadores por parte de Medio Rural. Cada castigo económico oscila entre los 100 euros para los casos más leves y los 100.000 euros, en los más graves, aunque la reiteración puede elevar las sanciones al millón de euros. En el caso de plantaciones ilegales, la multa económica varía entre los 601 y los 3.000 euros.

Durante los primeros diez meses del año, los castigos abiertos por plantaciones ilegales (existe veto al eucalipto salvo en el caso de replantar terrenos para los que se dispone de permiso), no desbrozar fincas situadas en las fajas de seguridad (el perímetro más cercano a las viviendas y algún tipo de infraestructura) o las cortas no justificadas suman 789 casos: 424 en la provincia de A Coruña, 165 en la de Lugo, 120 en la de Ourense y 80 en la de Pontevedra.

Estos datos son los más altos desde 2019, cuando se alcanzaron los 495 expedientes, por 557 en 2020 y los 756 durante el año pasado, según Medio Rural.

Además, este departamento emite apercibimientos, es decir, el paso intermedio entre la notificación de una obligación y la apertura de un expediente sancionador. Este año suman 1.697, por 2.357 de 2021, 1.190 de 2020 y 2.397 de 2019.

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