Qué compete a cada administración y quién paga los servicios es una cuestión pendiente de dirimir entre Xunta y concellos. En 2020 acordaron analizar esa delimitación competencial. Hace unas semanas, la Fegamp, que agrupa a los municipios gallegos, presentaba un informe y cifraba en 624 millones el “déficit” de lo que asume en competencias que, asegura, no son exclusivas. Ayer fue la Administración autonómica la que hacía público el suyo, encargado a la Universidade de Santiago, que ahora trasladará a las corporaciones locales y que pondrá las “bases legales” para una negociación.

Lo indicó así el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, quien descartó hablar de cifras, pero sí sintetizó algunas conclusiones del documento, entre ellas que es “responsabilidad” de los concellos “la prestación de servicios sociales comunitarios básicos como la ayuda en el hogar” o que, en lo tocante a escuelas infantiles, los costes derivados del funcionamiento les tocaría asumirlos a la administración titular, de modo que las municipales les corresponderían a los concellos.

En el ámbito educativo, el informe, desgranó, indica que las corporaciones locales deben asumir los gastos de conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios donde se imparten de forma exclusiva Educación Infantil, Primaria o Especial y la Xunta, los de las siguientes etapas, compartiendo, según metros, los gastos en centros mixtos. Los comedores escolares correrían a cargo de los concellos y el transporte escolar, de la Xunta, que también asumiría las obras de mejora de los edificios o los gastos en gasóleo y limpieza, aunque estos les competerían a los concellos.

En lo relativo a centros de salud, indicó que la Xunta puede asumir centros de salud de titularidad municipal y reemplazarlos por otros titularidad del Sergas y o propio en las unidades de atención a drogodependencias. Emergencias, protección civil o socorrismo serían municipales, como los servicios de saneamiento, abastecimiento y depuración.