En las próximas dos o tres semanas el Gobierno de coalición debe decidir sobre la prórroga del paquete fiscal de ayuda por las consecuencias de la inflación y la invasión de Ucrania. El imperativo: encontrar una solución que sea eficaz en sus resultados, pero financiable y coherente con el margen fiscal disponible en un entorno que tiende a empeorar.
Según la Autoridad fiscal española (AIReF), La extensión a 2023 de todas las medidas adoptadas que afectan al lado del gasto supondrían 13.490 millones de euros, equivalentes a casi un punto de PIB; y la reducción de ingresos otros 5.038 millones adicionales, algo más de tres décimas. A lo anterior, habría que añadirle el efecto de las decisiones que seguirán adoptándose hasta fin de año, como la ampliación del bono social eléctrico y el térmico o la creación de una nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos con calderas de gas natural anunciadas en octubre.
Lo más razonable y prudente sería seleccionar mucho y no agotar ya en diciembre el margen disponible, ante la posible aparición de nuevas necesidades en los próximos trimestres. Para acertar en esa selección, es fundamental la evaluación detenida de las medidas de acuerdo con cuatro criterios: su coste, su impacto distributivo, su impacto negativo o positivo sobre la transición energética y su encaje con las recomendaciones del libro blanco para la reforma tributaria.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, creo que existen dos firmes candidatos al recorte o desaparición: la bonificación del carburante y las rebajas del IVA a electricidad y gas. La bonificación supone prácticamente la mitad del gasto proyectado (casi medio punto del PIB); en conjunto, su impacto distributivo sería regresivo; y va en contra de los objetivos de descarbonización. Por su parte, la rebaja del IVA comparte motivos y, además, se aleja de las recomendaciones del libro blanco.
Sin duda, la marcha atrás en estas medidas no va a ser popular. Por ello, la definición de escenarios de supresión progresiva sería una posible solución. Y, en todo caso, sería razonable excluir ramas productivas sin capacidad de alterar sus tecnologías a corto plazo, como la pesca y el transporte, de la supresión de la bonificación al carburante.
