La propuesta planteada por el Gobierno central para la nueva selectividad, que evolucionará hacia una prueba de madurez, no convence a la Xunta, pero tampoco a la Real Academia Española, aunque por diferentes razones. En concreto, el Pleno de la institución encargada de “velar por el buen uso y la unidad del español” cuestiona que el futuro examen “reduce considerablemente los contenidos de lengua y literatura que los estudiantes deben dominar”. Aluden a que la reforma prevé que la prueba evalúe a la vez competencias de Lengua, Literatura, Historia y Filosofía, además de lengua extranjera y lengua cooficial, caso de Galicia.

Además el hecho de que se opte por un formato tipo test donde las respuestas redactadas no pueden sobrepasar las 150 palabras implica, a juicio de la institución, que “pierden” el lugar “preponderante” que “hasta hace poco tenían la reflexión y la argumentación lingüística, la capacidad para compendiar y ordenar discursos, así como la interpretación, la valoración y el análisis de los textos literarios”.

Tras recibir muestras de “malestar” de “coordinadores” de las pruebas de acceso de “varias comunidades”, la RAE reprocha que no se les haya consultado y comparte con ellos, según explica en un comunicado, las “principales insuficiencias” de la propuesta planteada por el Ministerio de Educación. Hasta el punto, enfatizan, de que “lamentarían mucho” que el texto “final” que defina cómo quede la futura selectividad “no se diferenciara demasiado” del “primer borrador provisional”.

Así quieren entender la propuesta del departamento dirigido por Pilar Alegría –desde donde indican que la prueba “no está definida” y que valoran las aportaciones recibidas– instan a que sirva para facilitar las aportaciones de los profesionales de larga experiencia docente que imparten lenguas –y a los que no se ha escuchado– y que además se tenga en cuenta la opinión de las academias, no solo la RAE, sino las que existen en España para cada una de las lenguas oficiales o cooficiales y el “parecer” de las autoridades educativas de las comunidades.

El Gobierno gallego pedía hace unas semanas una moratoria en la aplicación de la reforma de la hasta ahora ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) e incidía en la necesidad de ir hacia una mayor homologación de la prueba en todo el Estado. Ayer, con el apoyo en exclusiva del PP, el Parlamento gallego se pronunciaba en el mismo sentido, al “reclamar del Ministerio de Educación un modelo de prueba ABAU con vocación de permanencia en el tiempo y que garantice la equidad y la igualdad de oportunidades en la totalidad del territorio de España”.