Las corporaciones locales se sienten “ahogadas”. A pesar de que se dice de ellas que son las administraciones más próximas al ciudadano, no se sienten escuchadas por la Xunta cuando hay que aprobar legislaciones que les afectan y además asumen responsabilidades que en teoría no les corresponden o no, al menos, en exclusiva, y que se traducen en una merma en las arcas municipales superior a los 600 millones de euros anuales.

Así lo explicó ayer Alberto Varela, el presidente de la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias), durante la presentación de las conclusiones de un “riguroso estudio” realizado por técnicos de la institución e investigadores universitarios que advierte un “notable incremento” de las obligaciones que les atribuye el Gobierno gallego “que nunca vienen acompañadas de la financiación correspondiente”, una de las cuestiones que aspiran a negociar con la Xunta.

Al respecto, Varela precisó que las corporaciones locales desembolsan más de “mil millones de euros” al año, pero las transferencias que recibe de la Xunta ascienden únicamente a 381 millones. “Podemos estar hablando de que tenemos un déficit que los concellos estamos asumiendo de 624 millones con competencias que no son exclusivas de los concellos, que al menos son compartidas”, explicó. En concreto, según la Fegamp, las administraciones locales destinan, con datos de 2021, 279 millones a servicios sociales, 115 a educación, 93 a fomento de empleo, más de 59 a comercio, turismo y pymes y 17 a sanidad, “responsabilidad de la Xunta de Galicia”. En particular, los municipios ponen el foco en servicios como mantenimiento de centros educativos o la dependencia. “Hay que poner freno a esto”, indicó Varela.

El informe, según los ayuntamientos, pone en evidencia el “estrés” económico que sufren y refleja asimismo cómo son “discriminados” por un sistema de financiación estatal en el que, sin embargo, sí aumentan los ingresos de la Administración autonómica, que acapara el grueso de las partidas (el 84 por ciento, indica el estudio).

Con todos estos datos sobre la mesa, la Fegamp pide ahora al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que sea su interlocutor para negociar una “mejora” en el reparto de responsabilidades y de presupuestos entre las dos administraciones. Desde 2006, reprochó Varela, se ha avanzado “muy poco” en el Pacto Local y los municipios entienden que es hora de “volver a retomar esa agenda con las modificaciones correspondientes”.

Por ejemplo, la Fegamp pone peros al fondo de cooperación local, cuyas cuantías, denuncia, llevan años congeladas, o a que la mayor parte del apoyo económico que reciban de la Xunta (un 80%) se canalice a través de fondos condicionados. Quieren que el reparto responda a criterios “objetivos”. Además, reclaman recibir fondos extraordinarios en situaciones extraordinarias, porque de COVID fueron “los grandes olvidados”, asegura.

También reclaman saber por ley cuáles son los fondos que recibirán cada año de la Xunta y advierten que si tienen más competencias y reciben “los mismos” ingresos, “es imposible prestar un servicio público de calidad”. Asimismo, Varela aludió a temas de gobernanza, entre ellos a una planificación coordinada de los fondos europeos o a tener una participación activa en las leyes que les atañen. Sobre la mesa, sintetizó, lo que está es la “clarificación de competencias y suficiencia financiera de las entidades locales gallegas”.

El estudio presentado ayer responde, dijo el presidente de la Fegamp, a un compromiso adquirido con el Gobierno gallego hace dos años y este también, dijo, debía hacer su parte. Desde el Ejecutivo gallego indican que ese trabajo se está realizando y que están dispuestos a un encuentro con los concellos. No obstante, critican que ayer no habían recibido ningún informe de la Fegamp y que esta haya hecho público un avance del suyo sin tener en cuenta a la Xunta.