El Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid acaba de dictar un auto en el que acuerda aceptar el personamiento de la Xunta de Galicia y el Concello de Sada en la causa de los bienes de Meirás. El juez Roberto Fernández Muñoz rechaza las alegaciones de los Franco y acepta la intervención adhesiva simple de las dos administraciones como parte coadyuvante de la Abogacía del Estado. El juzgado ha convocado además una nueva vista para dirimir la procedencia de las medidas cautelares reclamadas por el Estado. Será el 25 de noviembre.
El juez rechaza todos los argumentos de los herederos del dictador y concluye que tanto el Concello de Sada como la Xunta de Galicia tienen un “interés legítimo y directo” en la causa. En el caso del Ayuntamiento sadense el magistrado recuerda que el pazo de Meirás se ubica en Sada, que el Concello tiene competencias urbanísticas sobre el mismo y apela además al interés legítimo de esta administración local por velar por los bienes de dominio público en su territorio.
El juzgado concluye que la Xunta ostenta también un interés legítimo en la causa dado que tiene competencias en materias en patrimonio. “Como entidad territorial autonómica no solo puede ostentar derechos sobre los bienes sino una obligación constitucional sobre la base de los postulados del Estado autonómico para su conservación protección y defensa”, apunta.
