La Xunta impulsa un banco de sumideros de carbono con un negocio potencial de 150 millones

La confirmación del cierre de la térmica de Meirama no sorprendió a nadie, ni siquiera a la Xunta, por mucho que pusiese el grito en el cielo, acusando a la compañía de “incumplir una vez más sus compromisos con Galicia”. En el comunicado oficial del 16 de enero de 2019, el grupo liderado por Francisco Reynés dejó claro que el Ejecutivo autonómico estaba al tanto de la decisión, obligada por el “nuevo contexto regulatorio medioambientalmente más exigente” y el “agravamiento todavía más de la viabilidad económica” de las plantas de carbón por “los actuales precios del mercado”, las tasas y el disparado encarecimiento de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2). Pocos días después, el 31 de enero, el expresidente Alberto Núñez Feijóo avanzó las líneas generales de la Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050 para lograr la neutralidad climática de la comunidad y un recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero del 25% en 2030, objetivo asegurado gracias principalmente, como la propia Consellería de Medio Ambiente admitió, “al paulatino descenso de la participación del carbón dentro del mix de producción de energía eléctrica en Galicia”.

Lo cierto es que la expulsión de las térmicas del mercado eléctrico por sus elevadísimos costes y el bum de las renovables tenía poco de paulatina. Ese mismo año, la generación con carbón en Galicia se desplomó. Su cuota en el mix no llegó al 10%, frente al 33% de 2018. Con Meirama y As Pontes en retirada, las emisiones a la atmósfera de los dos grandes focos de CO2 de la comunidad cayeron en picado también (el 91% y el 71%, respectivamente) y el balance total de gases de efecto invernadero en 2019 cumplió once años antes de lo previsto con la merma del 25%. Luego llegó la pandemia y el freno de la actividad recortó otro 14% las emisiones en Galicia.

Todo apunta a un evidente repunte durante 2021. Los únicos datos conocidos hasta ahora con el impacto de las grandes instalaciones industriales sujetas al sistema de comercio de derechos de CO2 –tienen un techo asignado y deben pagar si lo exceden– muestran otra leve caída, pero muy concentrada en el sector energético y sin tener en cuenta el transporte, primer emisor de CO2 ahora, y la recuperación de la movilidad.

El transporte lanza un 30% más de gases de efecto invernadero en Galicia que en 1990

Además del descenso “drástico” de las emisiones, el otro pilar de las medidas de mitigación de la Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050 es “aumentar la absorción de CO2 mediante una gestión sostenible del territorio”. La Xunta quiere cuantificar cuánto emiten y cuánto absorben los usos del suelo –el sector primario, por ejemplo, es fuente de gases de efecto invernadero por la maquinaria o la digestión del vacuno– y potenciar la capacidad de la masa forestal como sumidero de carbono. Existe desde mayo de 2014 un registro estatal de proyectos de repoblación en montes en los que pueden invertir las entidades que quieran compensar la huella de su actividad –y, de hecho, el 80% de la capacidad de absorción de CO2 del país está en terrenos certificados de Galicia–, pero el Ejecutivo autonómico apuesta por crear un “banco de parcelas público” desde la comunidad.

“La inscripción de proyectos de absorción de dióxido de carbono, también llamados sumidero, no sigue el ritmo de las huellas registradas”, asegura la Consellería de Medio Ambiente, en referencia a los datos del registro a cierre de 2021, cuando el número de solicitudes de inscripción de empresas y administraciones rozó las 6.000, mientras los proyectos de absorción alcanzaron los 313 y 246 en el caso de la compensación de la huella de carbono. “Aun habiendo un potencial enorme en Galicia –añade, “de todo el mundo”– para abordar este tipo de proyectos”. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático “considera necesario romper la paradoja actual por la que, habiendo una inmensa cantidad de terrenos gallegos con gran potencial de absorción –remarca–, no se realiza la compensación de CO2”.

De las más de dos millones de hectáreas de monte en la comunidad, hay 600.000, según los datos de la Xunta, “que no se encuentran arboladas”. Las 1,4 millones que sí lo están reúnen a unos 680.000 propietarios, “de los que apenas unos 80.000 la explotan regularmente para producción maderera”. “Se trata de dueños de pequeñas parcelas aisladas, que supondrían un potencial fruto de ingresos para la región de más de 150 millones de euros si fuesen dedicados a la inscripción de proyectos sumidero de compensación de emisiones de CO2”, calcula la administración autonómica.

El proyecto SICLE CO2 pretende “desarrollar soluciones innovadoras que promuevan una compensación de cercanía”. “Los proyectos de compensación de dióxido de carbono, tanto a nivel de repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo como en las actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa forestal, son una gran oportunidad para alcanzar esta meta”, indican los técnicos del departamento liderado por Ángeles Vázquez, que acaba de abrir un proceso de Compra Pública de Innovación para poner en pie la idea a través de soluciones tecnológicas disruptivas.

Del mapeo del monte a un mercado “de negociación privada sin posiciones de abuso”

La consulta preliminar al mercado contempla la necesidad de realizar “un mapeo de todos los terrenos gallegos” a través de diferentes tecnologías –escaneo de documentación catastral, imágenes de satélite o drones, entre otras–, “incorporando la estimación del potencial de absorción de cada uno de ellos, en base a los parámetros y sistemas de cálculo propios de la Xunta de Galicia” en un periodo de tiempo superior a 30 años. La solución debe facilitar, además, la creación de gemelos digitales para simular “todas las actuaciones posibles en una parcela” o aportar información sobre las mejores opciones de plantación en función del clima o el terreno. La Xunta valorará que el sistema permita identificar a los propietarios si estos no se postulan expresamente para participar en el banco de parcelas para ponerse en contacto con ellos, “de forma que pudiera comunicárseles los beneficios de participar en esta plataforma”.

La plataforma se presenta como un canal de colaboración entre los agentes participantes, “propietarios forestales y grandes empresas, principalmente”, según la Xunta, bajo principios “como la transparencia, el comercio justo, la equidad y la seguridad”. Es “un mercado libre”, describe la Xunta, de negociación “de forma privada”, pero “evitando posiciones de abuso dominante”. La solución tecnológica en este caso tiene que “generar y visualizar una bolsa de proyectos y parcelas activas”; también de parcelas “pasivas que permita contactar con propietarios que no se hayan dado de alta en este mercado”, con mecanismos de alerta de contingencias (proyectos que se caen por fuerza mayor o que reducen su capacidad de compensación) y una “actualización automática”.

Esta consulta previa a los posibles interesados en el desarrollo de tecnologías para el banco público de sumideros de carbono de Galicia recoge la necesidad de hacer un seguimiento a los proyectos durante los 30 años que exige la normativa de vigilancia. “Actualmente, no existe en el mercado una solución que permita abordar todos los restos anteriormente expuestos dando solución a las necesidades descritas con el nivel de precisión, automatismo y seguridad necesarias”, destaca la consejería en la descripción del CICLO_COA, que aspira a integrar técnicas de bis data, inteligencia artificial o machina Racing, además del desarrollo de nuevos sensores o algoritmos de procesado de imagen mediante el uso de drones, sistemas de visualización de 2D y 3D y blockchain o tecnologías similares para garantizar la trazabilidad de los distintos proyectos y mayor transparencia y garantía jurídica. 

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