Se acabó el periodo de gracia en las sanciones por plantaciones ilegales. Hasta ahora la Consellería de Medio Rural advertía a través de un requerimiento a los propietarios de que estaban incumpliendo la ley y les instaba a cortar los árboles afectados. Solo si no hacían caso, la Administración abría el expediente sancionador. Se hacía así porque se confiaba en la buena voluntad de los dueños que podían incumplir la ley por ignorancia o despiste. Sin embargo, la legislación vigente tiene ya recorrido y, por lo tanto, el desconocimiento ya no es excusa. Por esa razón, a partir de 2023 ya no será obligatorio dar aviso previo a los propietarios antes de abrir el procedimiento sancionador y proceder a la ejecución subsidiaria, que es cuando la Administración tala los árboles que han sido plantados ilegalmente.
Así aparece contemplado en el proyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos de Galicia para 2023, donde se introducen varias modificaciones a la Lei de Montes.
La obligación de advertir previamente al propietario cuando existía un incumplimiento estaba alargando muchos los plazos. Con la prohibición de plantar más eucaliptos que entró en vigor a mediados del pasado año se dispararon los expedientes sancionadores y los requerimientos previos y se hizo más patente el problema.
Cuanto más se tarde en resolver el expediente sancionador y en talar las plantaciones ilegales, más crecen estos eucaliptos reportando así más réditos a sus propietarios cuando se vean obligados a talarlos. Por otro lado, se genera cierta sensación de impunidad en la ciudadanía que percibe que la Administración autonómica no actúa ante una ilegalidad.
Modificaciones
Por esa razón se introducen varios cambios en la Lei de Montes. Por un lado, “se suprime el requerimiento previo a la ejecución subsidiaria de las repoblaciones ilegales”. Es decir, la Xunta podrá talar una plantación que no se ajuste a la ley sin preaviso al propietario. “Se agiliza así y se mejora la regulación legal sobre la tramitación de los expedientes relativos a las sanciones por repoblaciones ilegales, incrementando de esta forma la protección sobre los recursos forestales”, explica Medio Rural.
Dejará también de ser obligatorio el requerimiento previo si se incumplen las distancias mínimas y se plantan ciertas especies demasiado cerca de casas, carreteras, líneas eléctricas u otras instalaciones sensibles, además de zonas de labradío o pastos. El preaviso al dueño será solo opcional. Es decir, antes la Administración estaba obligada a advertir al propietario y ahora ya no. En este caso, solo será obligatoria la comunicación si la Xunta quiere proceder a la ejecución forzosa y talar los árboles. “Se considera adecuado regular el carácter facultativo de los requerimientos teniendo en cuenta el largo plazo transcurrido desde que entró en vigor la ley”, explican.
Ordenación de montes
Estos no serán los únicos cambios que se harán en la Lei de Montes. Se introducen novedades para agilizar la aprobación de los instrumentos de ordenación de los montes. Los bosques gallegos deben estar ordenados y para eso deben tramitar planes o modelos silvícolas. Si no lo hacen, no tienen acceso a ayudas públicas ni pueden talar madera y venderla. Para evitar demoras en la tramitación Medio Rural aplicará mejoras en el procedimiento.
También se quieren fomentar las Agrupaciones Forestales de Gestión Conjunta. Para ello se habilita a la Xunta a ejecutar acciones directas de recuperación de formaciones arbóreas con cargo a su presupuesto en estos montes asociados.
Más garantías para proteger a las comunidades de montes de abusos en la venta de aire limpio
El mercado de captación de dióxido de carbono ha abierto una nueva oportunidad de negocio para los montes gallegos. Pueden comercializar el potencial que tienen sus masas arbóreas para absorber CO2 y vendérselo a empresas que contaminen y quieran compensar su huella de carbono. Ya hay 150 montes gallegos que perciben ingresos por la venta de aire limpio y es un mercado en auge.
Sin embargo, han surgido empresas intermediarias que ofrecen a los propietarios de los montes tramitar ante el Ministerio de Transición Ecológica su proyecto forestal para que puedan vender su capacidad de absorción de carbono y lo hacen con unos contratos que tanto el sector como la Xunta considera “abusivos”.
Así, estos intermediarios se quedan con el 50 por ciento de las ganancias que obtendrían los montes por la venta del aire limpio a empresas durante los 30 años que dure su proyecto forestal de absorción de carbono. Pero además si estos montes sufren un incendio tendrían que devolver el 20 por ciento de anticipo que les pagan las empresas por el aire limpio, cuando solo han cobrado la mitad porque la otra mitad se ha quedado en manos de estas intermediarias.
Por eso la Xunta quiere “proteger a las comunidades de montes vecinales”. Para ello se refuerzan los requisitos para autorizar este tipo de negocios jurídicos. Así, según contemplará la Lei de Montes, será obligatorio que los comuneros aprueben en asamblea la formalización de estos contratos, que además deberán ser registrados en escritura pública. Además, la venta de aire limpio pasará a ser considerado un aprovechamiento forestal como la madera. Y Medio Rural podrá aprobar modelos tipo de contratos que pueden servir a las comunidades de montes como referencia.
Por otro lado, desde la Xunta discrepan con la regulación del Gobierno que solo permite vender aire limpio a los montes quemados o que fueran reforestados tras permanecer desarbolados al menos desde 1989. La Consellería de Medio Rural quiere que los bosques con instrumentos de ordenación puedan también optar a estos ingresos. Para ello está explorando las vías legales para crear un mercado de captación de dióxido de carbono alternativo al del Ministerio de Transición Ecológica. Entretanto incluirá en la Lei de Montes la posibilidad de que el Gobierno gallego articule este sistema de créditos de carbono en un futuro.
