El alza salarial de los cuidadores genera renuncias al servicio de ayuda en el hogar

El servicio de ayuda en el hogar es una prestación que se ofrece fundamentalmente a las personas con dependencia, pero también a usuarios que la solicitan sin estar amparados por esta cobertura. Se trata de que un cuidador acuda a sus hogares para ayudarlos con las tareas cotidianas, como el aseo o la alimentación. Su financiación depende en su mayoría de la Xunta, así como de los propios ayuntamientos y de los usuarios, que en algunos casos realizan un copago que, de media, alcanza los dos euros por hora.

La Audiencia Nacional dictaminó en junio que las empresas del sector debían incrementar el salario de sus trabajadoras –es una rama compuesta principalmente por mujeres– un 6,5%, aplicando el convenio que fija la obligación de repercutir el índice de precios al consumo (IPC) que en 2021 se situó en esa cifra y que amenaza con alcanzar el 8% este ejercicio.

Algunas firmas han esquivado esa obligación, otras han pactado con sus trabajadores incrementos del entorno del 3% y otras sí han asumido el 6,5%. “El 70 u 80% hemos actualizado las nóminas con el 6,5% a costa de quedarnos casi sin márgenes porque trabajamos con márgenes de céntimos por hora y ya estamos en negativo. No podemos más. Si volvemos a subir el IPC, muchas iremos a la quiebra”, apunta el dueño de una empresa del sector, que quiere mantener el anonimato porque está renegociando contratos con varios municipios y no quiere que sus declaraciones interfieran en el proceso. El sector, recuerda, cuenta con entre 8.000 y 12.000 empleados.

“La ley de contratos no permite modificar las condiciones en vigor, aunque nosotros entendemos que se puede hacer para subir el valor del mismo. Los secretarios e interventores no dejan y hay mucha conflictividad”, añade.

Para forzar la revisión de las condiciones económicas, algunas empresas comienzan a ir por las bravas: renunciar a los contratos. Por ley, no pueden dejar de prestar el servicio, pero esa decisión obliga a los ayuntamientos a licitar de nuevo el servicio.

Es lo que ha hecho en tres municipios la empresa Senes Cit, como admite su propietaria y fundadora, María Vázquez. “Tengo un concurso por una cantidad y ahora debo subir el 6,5% salarial, pero me tengo que comer yo esa diferencia tan abismal. Ese dinero le hace falta al trabajador, claro que sí, pero la administración debe hacer lo mismo con nosotros”, apunta al reclamar más fondos públicos para adaptar las cantidades fijadas por el servicio a la nueva situación. Añade que los márgenes empresariales en el SAF “son míseros” y añade el aumento de gasto en los kilometrajes o en material como mascarillas. “Claro que se están produciendo renuncias a contratos porque perdemos mucho dinero”, resume antes de añadir que los concellos también se topan con concursos desiertos porque las empresas rechazan presentarse si no sube la cantidad a pagar.

Esta crisis ha llegado a la mesa de la propia Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que reconoce una situación “preocupante”. “Estamos teniendo comunicaciones de concellos que tienen que licitar o prorrogar contratos y se están encontrando con que las empresas están aumentando los precios porque sus costes son mayores”, apuntan desde la institución sobre una situación denunciada por el PSdeG en el Parlamento hace casi dos semanas.

Vilalba ilustra los problemas a que se enfrentan los ayuntamientos, especialmente los pequeños y medianos del rural. La concesionaria del SAF renuncia a la prórroga y deben licitar un nuevo contrato. “En 2019 pagábamos 11 euros por hora, con 9 de aportación de la Xunta y una media de dos por usuario. Ahora estamos en 15 y tendremos que licitarlo por 19 o 20”, resume Marta Rouco, edil de Servicios Sociales. “Tenemos más de 15.000 horas mensuales del SAF. No podemos prescindir de esto, pero tendremos que detraer dinero de otras partidas. De un presupuesto de 11 millones, más de uno se irá al SAF cuando en 2018 eran 400.000 euros”, finaliza la concejala.