No todas las ayudas que se destinan a vivienda llegan a buen término. Y no siempre es por culpa de la gestión de las administraciones. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) debe reintegrar al Ministerio de Transportes casi 9 millones de euros en ayudas correspondientes al Plan de Vivienda 2013-2016, dotado con un total de 137 millones, que se corresponden con subvenciones que fueron concedidas por la Administración autonómica pero no fueron finalmente ejecutadas por las personas beneficiarias.
Así se recoge en las cuentas de este organismo correspondientes al año 2021. Según explica la Xunta, estas cuantías ya no pueden ser ejecutadas porque el plan está vencido y, por lo tanto, “están pendientes de liquidar con el Ministerio”. Suman en concreto un total de 8.921.939 euros, lo que supone un 6,5 por ciento del dinero destinado a Galicia en ese Plan de Vivienda 2013-2016, que ya está vencido. Aunque no es un porcentaje elevado, el impacto no es menor sobre todo si se tiene en cuenta que, por ejemplo, el presupuesto de la convocatoria del Gobierno autonómico para facilitar la compra de vivienda a menores de 35 años en el rural es de 1,5 millones anuales o que en el Bono Alquiler Joven, dotado con 23 millones para dos años, las solicitudes de ayuda ya doblan a los fondos disponibles.
En este caso, esos 9 millones deben reintegrarse porque los beneficiarios a los que se les concedieron las ayudas no las ejecutaron. Pueden tratarse de subvenciones a rehabilitaciones que finalmente no tuvieron lugar o para financiar una vivienda que nunca llegó a comprarse y que, por lo tanto, tuvieron que reintegrar a la Administración autonómica que, a su vez, deberá devolver estas partidas al Ministerio de Transportes.
Pero tampoco el IGVS ejecuta el cien por cien de los fondos que le corresponden anualmente, aunque defiende que dispone de “flexibilidad” para gastarlos y, por eso, no se pierden. Así, en 2021 de los 127 millones de los que dispuso, la ejecución fue del 83,9 por ciento.
Esto significa que quedaron 20,5 millones sin gastar. Según detalla, de los fondos propios (65 millones) se gastó el 100 por cien. Pero de los fondos de ejecución plurianual, que son cuantías procedentes en su mayor parte del Plan Estatal de Vivienda, se ejecutó solo el 46 por ciento, aunque están adjudicadas ya el 73 por ciento de las ayudas.
Pero el IGVS insiste en que “no se perderán los fondos aportados por la Administración central”. “El Plan Estatal de Vivienda permite el reconocimiento de obligaciones y posterior pago de subvenciones en los ejercicios posteriores al compromiso, permitiendo a los subvencionados mayor flexibilidad temporal a la hora de justificar los pagos”, explica el Instituto Galego de Vivenda e Solo.
La inyección de ayudas europeas permitirá ahora dar un impulso importante a la rehabilitación, que nunca antes había recibido tantos fondos.
Sin embargo, la Xunta se ha quejado de que la convocatoria de ayudas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas dificulta su ejecución. Denuncian que las subvenciones, de hasta un máximo de 3.000 euros, tienen una cuantía escasa sobre todo teniendo en cuenta el incremento de los precios de los materiales en los últimos meses, lo que hace que resulten poco atractivas para los ciudadanos. Además demanda del Ministerio que simplifique la tramitación de los expedientes.
Más de 15 millones de impagos por alquileres y venta de inmuebles
Empresas y particulares adeudan al Instituto Galego de Vivenda e Solo 15,6 millones de euros en alquileres y por la compraventa de viviendas y locales comerciales. Se trata de una deuda que arrastra desde hace años y que difícilmente podrá recuperar en su totalidad.
El grueso se corresponde con deudas por la venta de viviendas y locales comerciales: 10,8 millones de euros. A esta cantidad se suman otros 3,2 millones por alquileres impagados y 1,5 millones por no abonar los intereses de los préstamos suscritos directamente entre los particulares y el IGVS.
La Xunta aclara, en todo caso, que mantiene “una política de flexibilidad y aplazamiento de pagos en las viviendas de promoción pública, en función de la situación económica y personal de los adjudicatarios”. Esto está permitiendo recuperar algunas de las cuantías pendientes.
Pero no son solo las empresas y los ciudadanos los que tienen deudas pendientes con el IGVS. Xestur, sociedad de capital público creada para gestionar el suelo empresarial también debe dinero al Instituto de Vivenda e Solo: 28,7 millones de euros. Se trata de un dinero que se corresponde con la venta de solares industriales y residenciales y que Xestur, que durante años arrastró una comprometida situación financiera, no pudo abonar al IGVS.
Recuperar la totalidad de estos fondos es complicado. De hecho, el Instituto de Vivenda e Solo calcula que tiene 46,5 millones de dudoso cobro puesto que son deudas con antigüedad superior a un año.
