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Vivenda plantea cambiar el Código Penal para poder desalojar a okupas antes de las 48 horas

Propone incrementar la multa de 3 a 6 meses a prisión de 6 meses a un año

Agentes de la Policía, que acudieron ante protestas vecinales a una okupación en Chapela. | // RICARDO GROBAS

La Xunta plantea la “imperiosa necesidad de modificar el Código Penal” –concretamente el artículo 245.2– para desalojar a okupas antes de 48 horas. Precisamente, para actuar con premura en incidentes de esta naturaleza, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda apuesta por la incorporación de medidas cautelares “como el desalojo previo del inmueble en el plazo de 48 horas” o, también, “prever un tipo atenuado castigado solo con trabajos en beneficio de la comunidad o multa en los casos en los que el ocupante restituya el inmueble en un plazo no superior a 48 horas”.

Así lo trasladó la pasada semana la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, al delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, a quien trasladó los informes técnicos encargados por la Xunta en la primera reunión que mantenían ambos. Dichos documentos, firmados por expertos de la Universidad de Santiago y de la Universidad de Castilla – La Mancha, avalan la postura defendida por la administración autonómica gallega de que urge incrementar la pena a imponer “pasando de la actual multa de 3 a 6 meses a pena de prisión de 6 meses a un año acompañada de multa de 6 a 12 meses” y también, “prever un tipo agravado con imposición de penas de prisión y multa cuando la ocupación exceda de 15 días”.

La modificación del Código Penal no es la única medida que plantea la Xunta, sino que las medidas que propone acarrearían cambiar articulado, también, de Ley de enjuiciamiento criminal, de la Ley del Tribunal del Jurado y de la Ley de Propiedad Horizontal, para “dar herramientas a los jueces”.

Después de subrayar la necesidad de trabajar desde las administraciones públicas para ofrecer un marco jurídico estable y duradero frente al fenómeno okupa, Ángeles Vázquez hizo hincapié en la dimensión social del problema, que afecta no solo a los propietarios de los inmuebles, sino también al vecindario de los barrios y zonas que concentran un mayor número de casos y a la sociedad en general, “generando inquietud e inseguridad”.

Así se lo trasladaron en los últimos meses las principales federaciones y asociaciones vecinales de Galicia, que comparten la preocupación de la Xunta y demandan las reformas normativas a nivel estatal que sean necesarias para hacer frente al aumento de las okupaciones, cuyas cifras exactas en nuestra comunidad aún se desconocen.

La propuesta que ha trasladado a Miñones la Xunta coincide, precisamente, con la del PSOE en el Congreso de agilizar los desahucios en casos de okupación para que los jueces puedan echar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas y que ha provocado un conflicto interno en el seno del Gobierno central. El PSOE justifica el cambio legislativo haciendo referencia al derecho europeo, pero ha sufrido la oposición frontal de sus socios de gobierno de Podemos, que lo consideran un “problema inventado”, de la “agenda de la derecha”.

Fue el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, el que impulsó una iniciativa autonómica para forzar un debate en el Congreso con el fin de endurecer la legislación y que, entre otras medidas, planteaba que se pudiera restituir la vivienda a su propietario en 48 horas.

El documento trasladado ahora a Gobierno por Ángeles Vázquez y consultado por FARO pide también modificar la Ley de Bases de Régimen Local para que, por ejemplo, se consideren nulas las inscripciones en el padrón de los “okupas” o para dotar a las entidades locales de competencias a la hora de velar por la seguridad y convivencia frente a las okupaciones ilegales.

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