A partir de 2025, los bares y cafeterías de Galicia necesitarán un mando a distancia o mecanismo similar para activar las máquinas de apuestas, aunque ese dispositivo no será obligatorio para las conocidas como tragaperras. Así consta en el anteproyecto de Lei Reguladora do Xogo, que la Xunta aprobó ayer para remitir al Parlamento y que será aprobada antes de fin de año. Retoma así un procedimiento para actualizar la normativa gallega sobre la cuestión de 1985 que había comenzado en 2018.
El texto legal, presentado ayer por el vicepresidente segundo, Diego Calvo, tras su aprobación en el Consello, mantiene algunos de los puntos del último borrador elaborado el año pasado, pero cambia otras cuestiones sobre las que el Ejecutivo ha dado pasos adelante y atrás constantemente, presionado en parte por asociaciones de ayuda a ludópatas y expertos como el grupo de investigación de la Universidade de Santiago liderado por Antonio Rial Boubeta.
La Xunta contemplaba la obligación de instalar en los bares un sistema de activación a distancia similar al de las dispensadoras de tabaco para evitar que los menores de edad jugasen en máquinas de apuestas deportivas. Luego, retiró la propuesta. Después, aseguró que extendería la medida a las tragaperras (máquinas B), para luego anular cualquier alusión en el borrador de 2019. Ahora, la nueva norma lo retoma.
Los bares gallegos deberán “disponer de sistemas o mecanismos que impidan la participación en los juegos de menores de edad” en las máquinas de apuestas, según el artículo 38.4. En el caso de las tragaperras, los operadores de estas tendrán que ofrecerlos si el dueño del local así lo exige. Además, se abre la puerta a que se instalen máquinas de apuestas que permitan apostar a póker online, como adelantó FARO.
Aun así, la Xunta limita a dos terminales de juego el tope de máquinas que podrá albergar un local de restauración y ocio.
Calvo destacó la necesidad de actualización de la normativa gallega sobre el juego “a los tiempos actuales” y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconoció que su intención es que entre en vigor en 2023. La norma establece que los negocios disponen de dos años a partir de entonces para adaptarse a sus preceptos, como la dotación de sistemas de activación a distancia.
Los nuevos negocios de apuestas, casinos o salas de juego deberán guardar una distancia de 300 metros de centros educativos o de rehabilitación de ludopatía, así como de otros establecimientos del mismo sector. En este punto, la Xunta duplicó la distancia inicial prevista de 150 metros tras las quejas de colectivos sociales, aunque estos requisitos no afectarán a los negocios con licencia en vigor.
El texto también fija un período de 15 años a partir de su entrada en vigor durante el que las licencias para operar en el sector del juego estarán vigentes. En este punto, destaca la adecuación de la oferta a la demanda.
La Xunta rebajará de 13.312 a 12.000 las tragaperras que podrán operar en la comunidad. En la actualidad, hay unas cuatro mil máquinas suspendidas, es decir, sin operar debido a que las empresas del sector no logran rentabilidad de ellas. Una vez entre en vigor la nueva Lei do Xogo, dispondrán de un año para activar todas las máquinas con licencia. Si no lo hacen, perderán el permiso.
También se revierte el veto a nuevos establecimientos de juego y se amplía de los 160 actuales a 175.
Además, se prohibirá la publicidad en radio y televisión que emitan solo en Galicia –los medios públicos– del juego regulado por la Xunta, lo que excluye las apuestas y los casinos online, por ejemplo.
En el ámbito de castigos, las apuestas legales o carecer de control de acceso estos negocios supondrá multas de 18.000 a 600.000 euros.
La cultura, accesible a todos por ley
Galicia será “pionera” en Europa, según defendió ayer Rueda, en contar con una ley específica para “promover la inclusión y la accesibilidad de la cultura”. El Consello de la Xunta le dio ayer el visto bueno al inicio de las actuaciones que desembocarán en la normativa y que comienzan por una consulta pública previa para recabar sugerencias. El objetivo final es garantizar ese aspecto tanto del lado de la creación como del consumo a estos productos y servicios. El mandatario avanzó que la normativa no solo buscará “acercar” las producciones culturales a toda la ciudadanía, “haciendo hincapié”, comentó, en colectivos que “a veces quedan al margen”, como aquellos en riesgo de exclusión social, sino que también “favorecerá una cultura sin barreras” y “romperá con la brecha digital”, sobre todo en el rural. En esa línea, se pretende que las instituciones públicas planifiquen las programaciones culturales de modo que lleguen “a todo el territorio”, en particular el rural, y además apuntó que se exigirá que todos los espacios vinculados a esta difusión tengan un plan de accesibilidad “física y cognitiva”.
