Un millón de contribuyentes gallegos ahorrarán 46 euros de media en la próxima declaración de la renta gracias a la adaptación de los primeros tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la inflación, lo que se conoce como deflactar el IRPF. La Xunta aplicará una medida en línea con otras comunidades gobernadas por el PP, partido que ha tomado la rebaja de impuestos como bandera para desgastar al Gobierno central y preparar el terreno no solo para las elecciones municipales y autonómicas de mayo, sino para las generales de finales de 2023 o 2024. Su lema es reducir la carga fiscal para que las familias puedan capear mejor una inflación por encima del 10%, nivel inédito en cuatro décadas.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se presentó ayer en el Parlamento gallego para avanzas las “líneas maestras” de los presupuestos gallegos de 2023 y anunciar una batería de rebajas fiscales e inversiones con los que diferenciarse precisamente del Ejecutivo central.
El anuncio estrella pasa por la deflactación del IRPF, una medida que exige su antecesor y líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, al Gobierno de Pedro Sánchez. Galicia se une a la senda que ya han avanzado Madrid y Andalucía, ambas del PP.
Esta medida supone elevar los tres primeros tramos de la declaración de la renta hasta los 35.000 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Esas cantidades crecerán un 4,1%, como en Madrid, donde el ahorro fiscal será de 19 euros para rentas bajas y 119 para las altas.
Cada contribuyente tributa un porcentaje en función de sus ingresos. En Galicia, por los primeros 12.450 euros, se abona un 9,4%. A partir de ahí, el porcentaje pasa al 11,75%. Si cobramos más, saltamos de tramo y pagamos más al fisco, aunque con la inflación desbocada, realmente perdemos poder adquisitivo. Esta medida pretende nivelarlo.
Así, el umbral por el tramo de IRPF más bajo crecerá un 4,5%: de 12.450 euros a 13.010. Este método se aplicará en los tramos hasta los 35.000 euros de ingresos. Eso significa una rebaja para quien cobra 22.000 euros, pero también para el que ingresa 60.000, que recibirá un mejor trato por los primeros 35.000 euros de tributación. “Esta nueva medida fiscal supondrá en la declaración de la renta más de 46 millones de euros de ahorro”, sostuvo Rueda quien también aseguró que se trata de una medida “justa”.
El impacto de esta decisión se unirá a la rebaja adicional de otro 25% en el impuesto de Patrimonio –hasta el 50%–, que graba a las fortunas que superan el millón de euros. De 70 millones de recaudación entre poco más de 8.000 “ricos” de la comunidad, se pasará a 35. De esa manera, el ahorro para estos ciudadanos superará los 4.300 euros de media: cien veces el impacto de la deflactación del IRPF anunciada ayer.
El presidente de la Xunta lanzó un argumento más a favor de las rebajas impositivas. “Pagaremos los impuestos necesarios para garantizar los servicios públicos de primer nivel. El resto quedará a disposición de los contribuyentes porque ellos lo ganaron”, indicó, aprovechando para cargar contra el Gobierno central gracias al anuncio del presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, de rebajas fiscales para rentas de hasta 60.000 euros. También recordó que Francia, Inglaterra y Alemania siguen este camino. “Bajar impuestos en tiempo de inflación debe ser la norma”, aseguró antes de cargar contra una “sobrerrecaudación de 22.000 millones de euros” por parte de la administración central. “Esto solo pasa en España”, se quejó, a pesar de que el Ejecutivo ha aplicado medidas como la subvención de 20 céntimos en el combustible o la gratuidad de tres meses para viajes en trenes regionales y de media distancia, así como descuentos en el IVA de luz y gas. En su intervención comunicó otras medidas para 2023.
Casi 1.000 millones más
El techo de gasto de la Xunta para 2023 es de 12.600 millones, lo que supone unos 900 más que el actual ejercicio con los que combatir el “invierno de descontento global” profetizado por el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres. De esta cantidad, el 40% ya está “reservado”, según Rueda, para “las subidas salariales de los empleados públicos”, fijadas en un mínimo por el Gobierno central en las cuentas estatales, y para cubrir “los mayores costes energéticos y financieros”, derivados del encarecimiento de luz y gas y de la subida de tipos de interés.
Sanidad reforzada
Las críticas a la situación sanitaria han obligado a la Xunta a admitir problemas en la Atención Primaria. Las cuentas de 2023 incluirán varias medidas de refuerzo. En primer lugar, la Xunta destinará 215 millones de euros más a adquirir equipos tecnológicos, reducir las listas de espera (mediante peonadas o derivaciones a la privada) y mejorar la atención a los pacientes crónicos. Además, otros 91 millones más que este año irán a parar a la renovación de hospitales y centros de salud mientras que la formación de médicos y enfermeros recibirá 65 millones.
En este punto, Rueda reiteró sus demandas al Gobierno central para ampliar las plazas de formación de médicos (MIR) para tratar de solventar un déficit de facultativos que, asegura, es un problema generalizado a nivel autonómico. Además, el ámbito social de atención a mayores recibirá otros 50 millones.
El precio de la luz
El encarecimiento de la energía constituye una de las losas para el crecimiento económico que amenaza los balances de empresas y autónomos. La Xunta prevé tres medidas para luchar contra esta situación. Por un lado, aumentará un 50% los fondos autonómicos para elevar el bono eléctrico que cobran 66.000 hogares vulnerables, doblará las partidas para ahorro energético de 40 a 80 millones, y también elevará de 33 a 70 millones el dinero destinado al bono para autónomos, una ayuda para pagar el recibo de la luz. Podrá alcanzar los 1.200 euros de media anual.
Avales para viviendas
La Xunta también avalará un 20% de las hipotecas de menores de 35 años para la compra de su primera vivienda hasta un máximo de 35.000 euros para fomentar la emancipación juvenil.
Material escolar
Rueda avanzó hace unos días un cheque para material escolar de 75 euros que beneficiaría a 90.000 familias, poco antes de que el concello de Vigo anunciase un cheque universal para comprar los libros de texto. La medida de la Xunta se ampliará a 140.000 hogares el año próximo.
Incendios
El personal del servicio de prevención y extinción de incendios forestales tendrá por primera vez contratos de un año de duración, aumentando tres meses los nueve actuales. Diez millones se destinarán a luchar contra la sequía y 18 a la recuperación de zonas quemadas.
Autopistas
El presidente Alfonso Rueda pidió al Gobierno congelar los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53, como hará la Xunta de Galicia con las autonómicas Vigo-Baiona y A Coruña-Carballo. También exigió presentar el recurso para frenar el veto a la pesca de fondo, que el Gobierno estudia.
Por otra parte, el Parlamento aprobó también la ley para contratar a 130 sanitarios sin oposición durante tres años y la de áreas empresariales, que facilitará los trámites para disponer de suelo industrial. El PSdeG votó a favor de esta última por orden de la dirección gallega, pese a abstenerse en el inicio de la tramitación.
El PSdeG exige la retirada de la deducción de Patrimonio para contratar personal
Álvarez niega que se puedan mejorar los servicios públicos con menores ingresos | Formoso considera “limosna” la deflactación del IRPF
El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, criticó ayer los anuncios del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pues a su juicio evidencian su “incapacidad para aprovechar unos presupuestos para resolver problemas históricos” cuando contará con un techo de gasto récord: 12.600 millones de euros.
Álvarez alegó que es necesario “hacer un ejercicio de imaginación” para creer que se pueden reforzar los servicios públicos o garantizar el sistema de bienestar mediante rebajas fiscales para los más ricos como las que contemplan las cuentas del próximo ejercicio, y ello pese a que “la Xunta nunca tuvo una capacidad tan favorable de disponibilidad presupuestaria”. Justo cuando realizaba esta crítica, se conoció que la Comunidad Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, rebajaría impuestos a rentas de hasta 60.000 euros.
La Xunta ha decidido, prosiguió, “ayudar a quienes no tienen el más mínimo problema para llegar a fin de mes” con la bonificación hasta el 50 % del Impuesto de Patrimonio anunciada la pasada semana. “Señor presidente, renuncie a esa medida y recupere los ingresos que va a perder”, pidió Álvarez. Con esos más de 30 millones de euros que no llegarán a las arcas públicas se podría contratar a 500 médicos o 600 profesores.
A esta cuestión se refirió también el líder del PSdeG. Valentín González Formoso, que no posee acta de diputado, considera una “limosna” la rebaja fiscal para las rentas bajas en comparación de la bajada para “los millonarios”. “Nos parece absolutamente indigno”, le reprochó a Rueda mediante un comunicado.
El BNG denuncia que el PP gobierna “para una minoría” y exige gravar las rentas altas
“¿A qué familias quiere ayudar? ¿A las de patrimonios millonarios?”, cuestiona Pontón | La portavoz nacionalista aboga por recuperar la Tarxeta Básica
El BNG arremetió ayer contra la Xunta gobernada por un PP al que la líder nacionalista, Ana Pontón, afeó aplicar diferentes varas de medir fiscales sobre la población: laxa para los más pudientes, dura para los más necesitados. “¿A qué familias quiere ayudar? ¿A las que tienen patrimonios millonarios?”, cuestionó la diputada, que exigió gravar a las rentas más altas para lograr mayores ingresos con que incrementar la dotación de los servicios públicos.
Tras más de una hora de discurso de Rueda, Pontón subió al estrado para cuestionar el impacto de deflactar el IRPF en contraposición con el “regalo” que supone una nueva bonificación del impuesto de Patrimonio para los más ricos. “No es una rebaja fiscal, es una corrección a la inflación”, aclaró antes de alegar que mientras que “una familia que ingresa 12.500 euros anuales ahorrará 50 euros”, las rentas “millonarias”, en alusión a los más de 8.000 contribuyentes para pagan el impuesto de Patrimonio, dejarán de abonar “4.415 euros” de media.
Por ese motivo, reclamó poner en marcha una “fiscalidad justa” y endurecer Patrimonio. En la actualidad, pagan por este tributo quienes tienen bienes que suman más de 700.000 euros descontando 300.000 de la vivienda habitual. Para el BNG es necesario rebajar el mínimo exento a 300.000 euros excluyendo la residencia cotidiana. Con más recursos se podrían recuperar medidas como la Tarxeta Básica con hasta 300 euros mensuales para comida a familias en problemas.
En su opinión, las principales medidas de los presupuestos gallegos 2023 no atienden a “las familias que ya están en números rojos, a los pensionistas que recurren a comedores sociales, a quienes solicitan la Risga [renta de inclusión social] o a los jóvenes que no tienen dinero para pagar un alquiler”.
Mientras gran parte de la población sufre para llegar a fin de mes, la Xunta, continuó, elabora un “pelotazo fiscal” para quien más recursos tiene en una práctica de “auténtica desvergüenza” que muestra que el PP “gobierna para una minoría”.
En este punto, vinculó las medidas avanzadas por Rueda con el seguidismo político de su antecesor y hoy líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, que blande la bajada de impuestos como un elemento diferencial frente al Ejecutivo central de PSOE y Unidas Podemos.
“Ni sus diputados se creen que esta decisión la tomasen ustedes; se toma desde Madrid sin importarles un pito cómo estén los ciudadanos de este país”, criticó . También tachó a Rueda de “hombre de paja”.
