Alrededor de un 20% de empleados de entidades, empresas e instituciones de un total de 3.000 puestos de trabajo analizados en Galicia y diversos puntos de España, soportan niveles de radón no saludables según apuntan los resultados preliminares de un estudio realizado por el Laboratorio de Radón de Galicia.

“Las administraciones competentes deben establecer los mecanismos necesarios para asegurar que las personas trabajadoras estén protegidas contra el radón”, asegura el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidade de Santiago de Compostela, Alberto Ruano -autor de la investigación-, que fue el encargado de arrancar la primera edición del Simposio estatal en materia de radón laboral, que coordina junto con Lucía Martín de Bernardo Gisbert, doctoranda del mismo departamento. “La exposición la este gas debe abordarse desde la legislación, que indica que no se deben superar los 300 bequerelios /m3 en los puestos de trabajo”, explicó el profesor Ruano en el relatorio inaugural.

Ese gas, incoloro, inodoro e insípido (muy presente en Galicia por la formación granítica de suelos y rocas) es un potencial carcinógeno para el ser humano; sobre todo, para cáncer de pulmón. Eso sí, lejos de alarmismos, los investigadores llaman a cumplir la legislación de prevención europea. La novedad radica en la falta (por el momento) de estudios de este tipo no solo en viviendas, sino en centros laborales, y del retraso de la aplicación de una normativa que entrará en vigor aún este año.

El Laboratorio de Radón de Galicia es referencia internacional en el estudio de los efectos del radón sobre la salud, remontándose el primer estudio la hace tres décadas. Se trata de un laboratorio acreditado por ENAC para la medición de radón, siendo el segundo laboratorio, a nivel estatal, acreditado (en el 2019) para técnica de trazas (obligatoria en las viviendas y puestos de trabajo) y el primero laboratorio estatal acreditado para la medición de radón en continuo.

En la sesión de apertura del simposio participaron la directora del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA), Adela Quinzá-Torroja; y Francisco Castejón Magaña, consejero en el Consejo de Seguridad Nuclear. El profesor Ruano explicó como, en el caso español, la legislación laboral entrará en vigor en las próximas semanas, mientras que otros países, como es el caso de Portugal, ya tienen incorporada esta legislación desde hace cuatro años. “Una novedad importante es que parece que la actividad inspectora y sancionadora quedará en las competencias de la Inspección de Trabajo en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear”, destacó Ruano, quien también puso el foco en la relevancia de la acreditación de las mediciones de radón en los puestos de trabajo. “Estas mediciones deben seguir lo que establece la legislación, y deben hacerse por laboratorios acreditados”, concluyó.