Papeletas que son enviadas al domicilio, posibilidad de descargarlas online, más centros para votar en urna y un mayor plazo para la votación y el recuento. Son las novedades que incluye la reforma del voto exterior recién aprobada por el Senado y que llega once años después del pacto PP-PSOE por el que se vetó la participación de la diáspora en las elecciones municipales y se impuso el voto rogado para el resto de comicios. Desde 2011, los españoles en el exterior que quisieran participar en las elecciones autonómicas, generales o europeas dejaron de recibir automáticamente la documentación electoral y tuvieron que solicitarla y cumplimentar unos trámites. ¿Las consecuencias? La caída en picado de sus votos. De una participación de entre el 30 y el 35% se pasó a apenas un 5%.
Desde la Xunta, el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, celebró el acuerdo por unanimidad en el Senado para suprimir el voto rogado y evaluó el impacto que tendrá en las próximas elecciones gallegas, previstas para verano de 2024. No se llegará al índice de participación del 30% que había “en épocas pretéritas”, aunque espera que se sitúe en el 20%. “El censo electoral en el exterior cambió mucho, se incrementó mucho, son nuevas generaciones que se incorporaran y por tanto la vinculación no es la misma”, cree.
Miranda da por hecho que este repunte se dará “en los primeros momentos” tras la reforma. “Los ciudadanos en el exterior van a sentir que su país se acuerda de ellos y se les está reconociendo un derecho; y como gratitud eso les va a llamar a participar”, destaca. Con la eliminación del voto rogado y los cambios que conlleva su supresión, se ha creado –destaca Miranda– un “sistema ágil, seguro y transparente,” con un mecanismo de voto “parecido al que tenemos aquí, tanto en urna como por correo”.
El nuevo sistema electoral, que se estrenará en mayo del próximo año en los comicios autonómicos de algunas comunidades y en las generales, responde a las reclamaciones de los propios colectivos de la emigración desde incluso antes de que entrase en vigor la reforma de 2011. Ya entonces, la diáspora advertía de la caída de participación que conllevaría la imposición del voto rogado y que, a su juicio, suponía un desconocimiento de los procesos electorales, tanto por los plazos para emitir el sufragio como para el recuento, que impedían que llegar la documentación electoral a casa en plazo para poder emitir su derecho a sufragio.
Bastaron tres citas con las urnas en menos de un año desde la imposición del voto rogado para que reconociesen en 2012 el fracaso de la reforma y planteasen una nueva modificación para tratar de incentivar la participación de los residentes en el extranjero.
En la actualidad son casi 470.000 los gallegos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según datos del INE de agosto. Se trata de una cifra récord que va a más mes tras mes y que supone un 21% más de los censados cuando se hizo la reforma en 2011. El voto emigrante, que supone el 20% de todos los gallegos con derecho a sufragio –en Galicia los inscritos son 2,3 millones–, era clave en cada cita con las urnas. Durante décadas, no se pudo dar por cerrado el resultado en la misma jornada electoral, sino que había que esperar días al recuento de las sacas procedentes del exterior, unas papeletas que en ocasiones llegaron a alterar el reparto de escaños y a amenazar mayorías.
