En 2015, un cambio legal permitió a las familias en graves dificultades económicas pudiesen declararse en quiebra y tratar de comenzar de cero, poniendo punto final a sus deudas. La conocida como Ley de Segunda Oportunidad estableció una serie de requisitos para que personas físicas no empresarias se acogiesen a un concurso de acreedores. Desde entonces, 1.264 personas han logrado beneficiarse de estas medidas en una tendencia que no ha dejado de crecer y que en el primer trimestre de este año arrojó 114 casos en Galicia, de los que 63 corresponden a la provincia de Pontevedra, por 35 de A Coruña, 9 de Lugo y 7 de Ourense.
El objetivo de esta norma, que comenzó a aplicarse en 2016, “no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”, según consta en la norma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Deudas por juego, tarjetas revolving que acaban generando miles de euros de carga o pérdida del empleo son las situaciones habituales en estas situaciones.
Para acogerse a esta opción, la persona debe haber incurrido en situación de insolvencia sin mala fe, liquidar todo su patrimonio (como vender un piso) para satisfacer la mayor parte de sus deudas, no haberse acogido previamente a esta vía y no haber rechazado una oferta de trabajo. Este paraguas legal no es válido para quienes sumen deudas superiores a los cinco millones de euros en total.
El procedimiento comenzó con timidez, con apenas 40 casos en 2016, cuando la situación económica remontaba tras la crisis financiera de 2008-2012 causada por la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, que arrastró a la economía global. La evolución anual fue de 63 concursos en 2017, 113 en 2018 y 227 en 2019. En 2020, año de irrupción del COVID, la moratoria impulsada por el Gobierno para impedir que las empresas se declarasen en concurso como medidas de lucha contra los daños económicos de la pandemia permitió que los concursos individuales superasen a los societarios, con 301 casos frente 285. El año pasado se mantuvo la tónica con 406 quiebras individuales y 313 empresariales, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
En el arranque de este año, la tónica se ha agravado con más de un caso al día de media hasta sumar 114 en los primeros tres meses del año, lo que supone un 32,5% más que en el mismo período del año 2021, cuando se sumaron 86. Esta situación coincide con la mayor crisis de precios desde los años 80, que ha puesto en jaque a miles de familias.
En los juzgados de lo mercantil, las empresas sumaron 102 casos, de nuevo por debajo. A nivel estatal, la cifra suma 2.812 concursos, el dato más elevado desde que se aprobó esta medida legal.
