El penúltimo conflicto de competencias entre la Xunta y el Estado se ha resuelto a favor de Galicia. El Gobierno central ha rectificado su postura y ha decidido devolver a la comunidad autónoma las competencias en consumo para poder sancionar a las grandes empresas, las que operan en el territorio nacional, que Moncloa se había reservado en exclusiva mediante la reforma, a través del real decreto 24/2021, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. “Estamos contentos con este cambio, sobre todo porque se incrementa la protección de los consumidores”, aseguró ayer el director xeral de Comercio e Consumo de la Xunta, Manuel Heredia.
El desencuentro surgió a raíz de ese real decreto aprobado en septiembre del pasado año. La Xunta interpretó que el Estado invadía sus competencias en materia de defensa del consumidor, concretamente en la tramitación de las sanciones, y que además rebajaba el nivel de protección de los usuarios en la comunidad frente a las grandes empresas, que son las que, precisamente, más quejas y reclamaciones generan, como las energéticas o las de telecomunicaciones.
Competencias exclusivas
Por esa reforma introducida, la Xunta perdía sus competencias para actuar contra las firmas nacionales, ya que estas funciones las asumía en exclusiva el Estado. “Desde Galicia entendíamos que se desprotegiera a los usuarios, ya que las empresas podían decir que la Administración autonómica no era competente y el consumidor tenía que acudir al Estado. Era improcedente”, sostiene Manuel Heredia.
Ante ese cambio con el que estaba en total desacuerdo, la Xunta solicitó una negociación con Moncloa para intentar llegar a un consenso. El Gobierno central aceptó la petición y se formalizó la creación de un grupo de trabajo (la Comisión Bilateral) para buscar un punto de encuentro. En todo caso, también se dio aviso al Tribunal Constitucional de que existían estas desavenencias, por lo que si en el plazo de seis meses no se alcanzaba una solución de consenso, la Xunta contaba con la opción a impugnar esta reforma ante el Constitucional, con la que discrepaba en ocho artículos.
Acuerdo
Finalmente no hizo falta acudir al tribunal de garantías porque ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para revertir la situación al escenario existente antes de la reforma introducida por el real decreto, de forma que ahora, tal como sucedía en el pasado, la Xunta puede volver a actuar contra las empresas que, prestando servicios en Galicia, operan en toda España, facultad, en todo caso, que también está en manos del Gobierno central, pero ya no en exclusiva.
Otra rectificación asumida por Moncloa afecta al artículo que dispensaba a la empresa de la carga de la prueba cuando se enfrentaba a un expediente sancionar. Es decir, con la reforma aprobada el pasado año las firmas no tenían que demostrar que habían actuado correctamente, sino que eran las administraciones públicas las que deberían demostrar que una determinada empresa había operado de forma irregular.
Ahora, se vuelve también a la situación anterior y son las firmas bajo investigación administrativa las que tienen la obligación de probar que han operado correctamente.
Comportamientos ilegales
También se modulará el concepto de “persona responsable”, una regulación tan taxativa en su redacción que impedía prever supuestos de comportamientos ilegales distintos a los establecidos por ley, pero que sí se podían dar en la realidad, como los producidos on line.
“Todos los cambios se han ajustado a las peticiones de Galicia y nos alegramos por lo que supone de incremento de la protección de los consumidores”, destaca Manuel Heredia.
Junto con Galicia, Cataluña fue la otra comunidad autónoma que mostró su discrepancia con el Gobierno por entender también que se invadían competencias autonómicas, por lo que abrió otro conflicto institucional para poder negociar un acuerdo dentro de la Comisión Bilateral, que es el órgano en el que se discuten las pugnas entre la Administración central y las comunidades autónomas.
El acuerdo del Gobierno con Galicia no es de efecto inmediato, sino que Moncloa se comprometió a aprobar las reformas legales precisas para modificar las reformas introducida con el real decreto 24/2021.
