Los nietos del dictador Francisco Franco han solicitado permiso al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña para retirar todos aquellos bienes depositados en el pazo de Meirás que no fueron reivindicados por el Estado en el proceso para hacerse con la titularidad del inmueble. Se trata de más de quinientos elementos, incluidos los de la época de Emilia Pardo Bazán, que los Franco pretenden ahora cargar en un camión de mudanzas con destino a Madrid.
Entre estos bienes figuran piezas clave para el interpretación de este Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico, como la mesa en la que la autora de La Quimera escribió alguna de sus obras más importantes, sus estanterías y las sillas tapizadas por ella y sus hijas, así como el mobiliario y obras de arte de la época de la dictadura, incluidos los retratos de Sotomayor, Bertuchi o Zuloaga.
Se trata de mobiliario, obras de arte o piezas arqueológicas que no fueron reivindicados por el Estado en su cuestión incidental, que se limitó a 132 elementos que consideraba “inseparables” de Meirás, fundamentalmente porque se trataba de elementos pétreos que no podían retirarse sin causar daños en el inmueble. De estos 132 elementos, solo 49 fueron objeto realmente de discordia con los Franco, que acaban de recurrir el auto que prohíbe la retirada de todos ellos salvo unas alfombras pasilleras. En su recurso, los hermanos Martínez Bordiu porfían en su derecho a llevarse los conjuntos escultóricos del jardín y los bienes de la capilla, incluido el sarcófago que mandó labrar Pardo Bazán. Se declaran, además, víctimas de una “incautación insólita”.
El concello de Sada ha sido la única administración que ha reclamado por vía judicial que permaneciesen en Meirás todos los bienes, salvo aquellos que los Franco acreditasen que habían sido instalados con posterioridad a 1975, alegando que habían quedado afectos a la Jefatura del Estado o habían sido transmitidos con el pazo en 1938. El juzgado rechazó su incidente por motivos formales, pero abrió la puerta a a esgrimir todos estos argumentos en una nueva demanda en la que reivindique el mobiliario de As Torres y que le corresponde presentar al Estado (titular provisional del inmueble).
El Gobierno anunció ya hace un año que preparaba una demanda para reclamar los bienes que considera de Patrimonio Nacional. El concello de Sada urge al Estado a presentar ya la demanda para evitar “la pérdida de la integridad patrimonial y cultural del sitio histórico”. “No se puede aplazar más, no podemos permitir más demoras que solo favorecen los intereses de la familia Franco”, advierte el consistorio.
Su alcalde, Benito Portela, insta además al Gobierno a incorporar como prueba en su demanda informe pericial realizado por Manuel Pérez Lorenzo, en el que “se acredita” que son bienes afectos a la Jefatura del Estado y que “todos gozan de la condición de dominio público y, por tanto, son propiedad do Estado”.
El tiempo apremia y la Xunta todavía no ha aprobado la ampliación del decreto BIC (Ben de Interese Cultural) a los bienes, que no supone un reconocimiento de titularidad, pero que sí le permite ejercer una tutela sobre los mismos”.
Los herederos se sienten víctimas de una “incautación insólita”
Los herederos de Franco han recurrido el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que estimó casi en su totalidad la cuestión incidental planteada por la Administración General del Estado y decretó que debían permanecer en el pazo de Meirás 132 bienes de los 697 inventariados. En un recurso de 45 páginas, los Franco acusan al juez de aceptar cuestiones incidentales “claramente improcedentes y extemporáneas”, “que no debieron ser admitidas a trámite en ningún momento” y privarles de bienes en base a consideraciones “de orden artística, estética, cultural o histórica nunca consideradas por la jurisprudencia existente”. Los hermanos Martínez-Bordiu se declaran víctimas de una “incautación insólita” y afirman que la resolución incluye valoraciones “nunca vistas en la práctica judicial del Derecho” y vulnera lo establecido en el auto de la Audiencia Provincial que tumbó el depósito cautelar de los bienes.
Acusan al Estado y las partes codemandantes –Xunta, Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña– de “pretender subsanar por una vía impropia procesalmente hablando” lo que “no se hizo en el procedimiento declarativo principal” dado que, subrayan, la demanda del Estado se limitaba al inmueble, no a su contenido. Los nietos del dictador ven totalmente infundados los argumentos para privarles de “una pluralidad de objetos de aparente interés artístico (en algunos casos notoriamente discutible) cuya única significación artística es la de su ubicación en un lugar o aparecer en una foto antigua”.
