Un “ejército” de 352 trabajadores de la Xunta se dedica a pleno rendimiento a agilizar el gasto del maná de recursos procedentes de la Unión Europea dentro del salvavidas lanzado por esta no solo para combatir los efectos de la pandemia de COVID-19, sino para transformar las economías de los países socios, impulsando la digitalización y la sostenibilidad. A Galicia le corresponden 1.285 millones de euros del Mecanismo de Recuperación Transformación y Resiliencia, conocido como fondos MMR o Next Generation. Una lluvia de 140.000 millones de euros para España, de los que 60.000 son ayudas directas y 80.000 préstamos reembolsables. El plazo para su ejecución finaliza en 2026, aunque antes de que arranque 2024 deben estar asignados a proyectos concretos.
Hace una semana, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se quejó de los retrasos por parte del Gobierno central a la hora de ceder los recursos inicialmente asignados a cada comunidad. Un balance elaborado por la Consellería de Facenda destaca que de los 1.285 millones previstos, las arcas autonómicas solo han recibido de la administración central 764, de los que ha asignado dos tercios. De ellos, ya han sido adjudicados 250 a diversos proyectos. Ese “retraso” en la transferencia económica “dificulta su gestión y el avance de los programas gallegos”, sostiene el Ejecutivo gallego.
España, de hecho, se encuentra a la cola en la ejecución de estos fondos y uno de los motivos apuntados por la oposición del PP apunta precisamente a la falta de funcionarios especializados de la administración central, con menor capacidad en este terreno que los gobiernos autonómicos. El grueso de la asignación, sin embargo, depende del Ejecutivo central, que del primer paquete de 77.200 millones cede a las comunidades el 30%.
Cambio de criterio
A comienzos de año, la Xunta detectó el reto burocrático que suponía la gestión de esa inyección de recursos de las instituciones europeas, de mucho mayor calado que las partidas recibidas de los fondos React dedicados específicamente a paliar los daños causados por el coronavirus. Estos últimos sumaron 440 millones y deben ejecutarse antes de que acabe el año próximo. Su nivel de compromiso y gasto es del 75%.
Para abordar la gestión de los fondos Next Generation, el Ejecutivo gallego trazó un plan inicial que luego tuvo que rectificar por la presión de sus propios empleados. Inicialmente, ideó un sistema para poder obligar a sus trabajadores a cambiar de puesto y consellería mediante una modificación de la ley de Reactivación Económica. Sin embargo, abandonó la movilidad forzosa y optó por un sistema de incentivos que dejaba en manos de los interesados su dedicación a la gestión de fondos europeos. En la actualidad, la cifra de los empleados que, entre sus principales funciones, gestionan el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es de 352, según Facenda.
El departamento de Miguel Corgos creó a mediados de año una nueva dirección xeral específica para la gestión, control y supervisión de los fondos europeos bajo el nombre de Política de Cohesión e Fondos Europeos. “Tanto en ella como en la división de auditoría de Fondos Comunitarios de la intervención general, el personal está dedicado a tiempo completo a las funciones de programación, evaluación, seguimiento, comunicación, gestión, control y auditoría de los fondos de la Política de Cohesión (Feder, Fondo Social y Garantía Juvenil) y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, apunta Facenda. Las partidas de cohesión son ordinarias, mientras que las segundas son las que plantean el desafío de ejecución. El cuerpo de 352 trabajadores autonómicos de Facenda dedicado a esta tarea se centra principalmente en los fondos Next Generation. Estos suman 1.285 millones por unos 1.300 de los fondos ordinarios.
Dos tipos de pluses
Para convencer a estos empleados, la Xunta optó por un doble y desigual sistema de incentivos económicos, permitiéndoles elegir tras abrir el proceso en julio. El complemento de productividad podrá ser como máximo del 20% de las retribuciones totales. Esto significa que el límite del plus estaría en 750 euros al mes para un funcionario A-1 de nivel 30 o de 536 euros para un trabajador de la categoría A-2 de nivel 25.
Sin embargo, las gratificaciones extraordinarias se pagan en función de las horas dedicadas a la gestión de los fondos europeos, con abonos adicionales por cada una que oscilan entre los 18,27 y los 39,27 euros en función de la categoría. Pues si un trabajador A-1 de nivel 20 estuviera 4 horas diarias durante un mes gestionando fondos, el incentivo sería de 3.455 euros. Por la misma tarea y el mismo tiempo, para un A-2 de nivel 25 el complemento sería de 2.816 euros.
