Un año es el plazo que tardan los técnicos de la Consellería de Política Social en decidir si una persona que ha solicitado un grado de dependencia tiene derecho a una prestación, sea a través de un servicio público, como un centro de día o una residencia, o a una prestación económica. Galicia se sitúa así en el quinto lugar con mayor dilación en esta cuestión.

Estos datos parten de las estadísticas elaboradas por el Imserso a 30 de junio pasado analizados por el grupo de expertos que por encargo del Ministerio de Derechos Sociales ha evaluado el sistema de atención a la dependencia (SAAD) a calificar una vez más la lentitud del proceso como el principal problema que ha afectado al procedimiento de acceso al sistema desde sus inicios.

Los datos gallegos experimentaron un descenso de casi dos semanas en el segundo trimestre de este ejercicio, cuando pasó de los 381 días entre enero y marzo a los citados 365. Canarias lidera la tabla de esperas con 1.080 días, seguida de Andalucía con 544, Murcia (478 días) y Extremadura (389).

El problema, dice el informe, “se traduce en un acceso lento a los servicios necesarios, y también en la situación conocida popularmente como el limbo de la dependencia y que incluye una diversidad de situaciones en las que hay personas con reconocimiento de dependencia, pero sin acceso a prestaciones o servicios”, informa Efe.

Los expertos apuntan como principales causas de los retrasos a la insuficiencia de medios humanos, en especial personal técnico valorador, y las rigideces derivadas de un procedimiento administrativo prolijo, poco eficiente y con fuerte tendencia a atascarse en cuanto falla algún elemento, que se convierte en un problema serio en el momento en el que aparecen errores o insuficiencias en la documentación.

La Consellería de Política Social estudia la viabilidad de implantar un sistema de valoración de dependientes “online” que permita acortar los plazos de tramitación de las ayudas. Uno de los pasos donde se produce más atasco con las solicitudes es la evaluación del grado de dependencia pues exige que el interesado se desplace hasta las oficinas territoriales de la Administración autonómica o bien que los técnicos de la Xunta acudan al domicilio de la persona mayor. La solución para evitar desplazamientos innecesarios y agilizar los plazos pasaría por el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para baremar a los dependientes, por ejemplo, a través de videollamadas.