El ayuntamiento ourensano de Boborás sufrió a comienzos de año la escalada del precio de la luz, una crisis que ha puesto en peligro su solvencia. La factura de la electricidad creció de 7.000 a 20.000 euros mensuales. En Baños de Molgas, por ejemplo, se plantearon incluso detraer dinero de las obras públicas para pagar esos costes energéticos, a pesar de la rebaja de la factura gracias a la inversión en potenciar la eficiencia energética de su alumbrado. El efecto de la inflación sobre el encarecimiento de gastos corrientes, materias primas y, por consiguiente, de los servicios de los proveedores han contribuido a engordar el coste de los recibos de concellos y diputaciones en 82 millones de euros durante la primera mitad de este año.
“Es un cóctel perfecto porque se han encarecido los suministros de luz y gas con medias de entre el 20 y el 25%, los servicios como la ayuda a domicilio, por incrementos salariales, y las obras, fundamentalmente por la crisis de materiales, que también ha reducido las ofertas a la baja, por lo que sale más caro que antes contratar una edificación”, apunta la concejala de Facenda de un concello gallego que prefiere mantener el anonimato.
Galicia y toda España registran un incremento de los precios por encima del 10% desde hace varios meses, una situación inédita desde comienzos de los años ochenta que también está impactando en las facturas de las cuentas públicas. El gasto en los servicios ofrecidos por proveedores a las entidades municipales creció un 25% durante los seis primeros meses del año con respecto al mismo período del ejercicio pasado. La cifra que entonces era de 318,5 millones de euros se situó al cierre del pasado junio en 400,4, según las estadísticas del Ministerio de Hacienda.
Esos datos figuran en los informes sobre el período medio de pago a proveedores, que se mantienen similares a los del año pasado, con alrededor de 80 municipios superando los 30 días de plazo máximo fijado por ley. En ellos, aparecen las cuantías abonadas y las pendientes de pagar. En el primer caso, suman 276,1 millones, por 124,3 de la segunda categoría. En el primer semestre del año pasado, las cifras eran de 225,9 y 92,6, respectivamente.
El coste energético constituye una de las claves de estas cifras, con incrementos de un 40% en la factura. La propia Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) reconocía en abril el “impacto” sobre las arcas locales, “igual que para las familias o las empresas”, aunque castigando a los pequeños municipios, con menor margen de actuación que los grandes. Los consistorios renegocian contratos, apagan alumbrado público por las noches o apuran las obras de mejora de la eficiencia energética. Cangas, por ejemplo, lanzó un proceso para sustituir las bombillas de su red de alumbrado por luces LED para ahorrar. Su factura se disparó de 42.000 a 61.000 euros al mes.
“Se están negociando los convenios y con subidas salariales importantes que encarecen los servicios”
Los registros sobre pagos a proveedores se refieren a todas las facturas abonadas por un ayuntamiento a terceros y su encarecimiento obligará a realizar muchos ajustes presupuestarios a final de año, con la incorporación de suplementos de crédito para tapar agujeros. La situación global de municipios y diputaciones es saneada, con una década con superávit económico.
Al aumento de costes de luz y gas, se unen los incrementos salariales que copan la mayor parte del gasto de servicios públicos como el servicio de ayuda a domicilio. “Se están negociando los convenios y con subidas salariales importantes que encarecen los servicios”, apuntan fuentes municipales, que se refieren también a la obra pública como otro factor clave.
Esas construcciones se van pagando poco a poco, con lo que se conoce como certificaciones obra. En algunos casos, los proyectos se han encarecido. “Tenemos una problemática referida principalmente a los edificios, porque en el asfaltado no ha habido impacto de la inflación porque no se usa acero o aluminio. Su encarecimiento ha afectado a la obra pública. Además, si antes se registraba un porcentaje del 10% de bajas [ofertas por debajo del precio de licitación], ahora casi no hay y no logramos ese ahorro”, añaden, si bien apuntan que también se han impulsado medidas de gasto público para fomentar la recuperación postCOVID.
Demora en las ciudades
Aunque la cifra de concellos que superan el mes de plazo medio máximo para pagar facturas, arriesgándose a sanciones de Hacienda, se mantiene, destacan las diferencias entre ciudades. Vigo se mantiene como la urbe con mejor balance, con casi 11 días de demora, seguida de los 12 de Lugo, los 24 de A Coruña y los 29 de Pontevedra. Superan el tope legal Santiago, con casi 76 jornadas, y Ourense, con 86. Ferrol, que no pertenece al mismo régimen de cesión de tributos, también cumple: 27.
En el caso de las diputaciones, todas se ajustan a los requisitos establecidos por la legislación estatal. El plazo medio de pago de facturas de la de Pontevedra es de 9 días, por 11 de la de Ourense, 14 de la de Lugo y 18 de la de A Coruña.
