La pasada semana, la jueza del Juzgado de Instrucción de A Pobra de Trives (Ourense) ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres jóvenes por provocar una docena de fuegos forestales entre los años 2021 y 2022 en la comarca de Trives y en la provincia de Lugo, en los que ardieron unas 15.200 hectáreas. Dos de ellos están investigados por diez delitos de incendio, mientras que el tercero, de 19 años y miembro de la brigada municipal de extinción de Montederramo, lo está, en principio, por provocar solo un incendio.
Sin embargo, los delitos por prender fuego al monte son difíciles de investigar y todavía más hacer que el culpable acabe sentado en el banquillo de los acusados y ya no se diga que la condena sea de cárcel. Prueba de ello es que en los dos últimos años en Galicia (2020 y 2021) se investigaron 298 delitos en materia de incendios forestales, pero tan solo 59 acabaron en juicio y las sentencias condenatorias se quedaron en 30, de las que la mayoría se resolvieron con multas. Por tanto, solo un 10% de los delitos investigados por prender fuego al monte acabaron en condena durante el último bienio, según los datos de la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia.
Sin pruebas
La falta de pruebas contundentes y de testigos que permitan armar la causa para llevar al juzgado a un sospechoso hace que la inmensa mayoría de los delitos de incendios forestales (el 90% entre 2020 y 2021) se quede por el camino sin llegar a celebrar juicio alguno por las hectáreas reducidas a cenizas. Y eso a pesar de que cada año se refuerzan las tareas de vigilancia, en la que participan también efectivos del Ejército, y se acude a medios cada vez más tecnológicos, como cámaras de infrarrojos o drones.
Con el fin de intensificar esta batalla contra los incendiarios, la Consellería do Medio Rural activó el pasado año la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), formada por 15 miembros de la escala de agentes ambientales que están desvinculados de las tareas de extinción, por lo que se centran específicamente en la investigación de los fuegos, con una actividad focalizada en las zonas del territorio más afectadas en períodos de alto riesgo o en situación de alta actividad incendiaria”.
Memoria fiscal
El pasado año, según se refleja en la memoria de la Fiscalía, se incoaron 129 causas por fuegos forestales, lo que supone 40 menos que el ejercicio anterior. La razón de este descenso tiene que ver con el balance de incendios forestales de ese año: se produjeron solo 954 que afectaron a 4.400 hectárea, siendo la primera vez en la serie histórica que se bajó del millar de focos.
De esas investigaciones, solo 34 llegaron a juicio y de dictaron 27 sentencias, de las que únicamente 21 fueron condenatorias, ya que el resto acabó en absolución.
En 2020 –en el que ardieron 14.800 hectáreas de monte en la comunidad–, los delitos investigaron llegaron a los 169, de los que 25 llegaron a juicio y solo 9 acabaron con sentencias condenatorias.
Diferencia anual
Los números distan mucho, por ejemplo, de los registrados en 2017, cuando se investigaron 270 delitos y el ejercicio acabó con 30 condenas. Ese año Galicia sufrió una de las más voraces olas de incendios –superada por la del pasado mes de julio– que amenazó a núcleos poblados y causó el fallecimiento de cuatro personas.
Pero pese a la gravedad de esos fuegos registrados en un solo fin de semana de octubre, el juez terminó archivando la investigación por el fuego de Chandebrito (Nigrán) que provocó dos muertes, a la espera de obtener más diligencias que permitan avanzar en el caso, tras no poderse identificar a ningún culpable. Un caso que ejemplifica la dificultad para sentar en el banquillo a los responsables y la complejidad para hallar y demostrar pruebas inculpatorias.
Tres apuntes
1 Penas de cárcel, las excepciones
Son muy pocas las condenas que acaban con los imputados en prisión. La mayoría de las sentencias se resuelven con multas.
2 El ejemplo de Chandebrito
La dificultad de la investigación se ejemplifica en el caso de Chandebrito, con dos muertes, cerrado por no poder identificarse a ningún culpable.
3 El 90% de los casos queda impune
Nueve de cada diez causas abiertas por incendios quedan impunes.
