“Los plátanos están carísimos, ¿cuándo costaron cinco euros? ¿Viste el salmón? Está a 18 euros el kilo, no lo recuerdo así...” Estas frases pronunciadas en un gran supermercado esta semana ilustran el encarecimiento de la cesta de la compra que se ha agravado desde inicios de año, con una inflación por encima del 10% cada mes y que remite a los duros años ochenta como precedente de una situación similar. En este contexto, los gallegos que dependen de cheques sociales para subsistir se han disparado en cuatro mil ciudadanos en solo los tres meses que van de marzo a junio. En Galicia, alrededor de 68.000 personas viven gracias al ingreso mínimo vital (IMV) o la renta de inclusión gallega (Risga), que ofrecen al menos 434 euros mensuales y pueden llegar a superar los 1.500 en el primer caso si se trata de familias monoparentales con varios hijos pequeños a cargo.
El Gobierno y otras administraciones se han lanzado ahora a anunciar medidas para tratar de paliar el encarecimiento de la vida, como los abonos para los trenes, los descuentos en los billetes de autobús o la rebaja en el IVA del gas. Pero existe un sector de la población que vive al límite, especialmente desde que la guerra de Ucrania lastró toda la economía europea.
En la actualidad, el IMV llega a 28.832 hogares gallegos, según los datos de junio del Ministerio de Seguridad Social, los últimos disponibles. Se trata de 1.289 más que en marzo. Sin embargo, esos domicilios están conformados en la mayor parte de ocasiones por varios miembros (hijos, parejas, abuelos...), por lo que los beneficiarios reales son 52.600 personas.
En el caso de la Risga, los cheques son 6.500, frente a los 7.054 de marzo, una caída debido a la incompatibilidad con el IMV, que ofrece mayores cuantías y atrae más beneficiarios. La estimación de beneficiarios reales de esta renta sitúa la cifra en unos 15.600.
Entre ambos salvavidas sociales, por tanto, benefician a 68.200 gallegos, 4.000 más que los 64.000 de marzo, según las últimas cifras. Se trata de 44 más al día.
Este incremento está vinculado tanto a la mayor demanda por las necesidades de las familias en riesgo de exclusión como a la agilización por parte de la Seguridad Social de los trámites para conceder el IMV.
“Si esto sigue así, prevemos que en otoño aumentarán los hogares con carencia material severa, es decir, que con los mismos ingresos podrán adquirir menos cosas necesarias porque son más caras”, alerta Eloína Injerto, presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza.
Las cifras le dan la razón. El año pasado la tasa de riesgo de pobreza descendió del 21,7% de 2020, el año de irrupción del coronavirus, al 20,2%, pero los hogares con carencias materiales severas, es decir, para cubrir necesidades como los recibos de luz y agua o la vuelta al cole se duplicaron: del 3,2% al 6,2%, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.
En su opinión, urge aplicar una nueva versión de la tarjeta básica de la Xunta, que ofrecía hasta 300 euros para alimentos, y que fue cancelada este año alegando que se trataba de una ayuda puntual contra la crisis causada por la pandemia. “También deberían simplificarse los requisitos para acceder a algunas ayudas y reducir los plazos”, añade Injerto.
La Risga es incompatible con cualquier otro subsidio como el IMV, muy similar en su concepción. En ambos casos, una persona solo puede percibirla si sus ingresos son inferiores a la ayuda que les corresponde. En el caso del IMV, la ayuda oscila entre 491 y 1.189 euros mensuales, a los que se añaden 100 euros por hijos menores de 3 años, 70 de 4 a 6 años y 50 en el resto de casos, y un plus del 15% este año. En la Risga, el mínimo es de 434 euros mensuales.
El IMV sigue lejos de las previsiones del Gobierno, que estimaba que llegaría a 39.500 hogares en Galicia. Lo hace a 28.832 familias que suman 52.600 personas.
Khadija, madre de tres niños: “Cobro 1.390 euros del IMV, pero casi no me llega porque todo está carísimo”
“Tengo tres hijos y cobro el ingreso mínimo vital, que me da 1.390 euros más o menos, pero con el aumento de los precios no es suficiente. Casi no me llega porque todo está carísimo y ahora empieza la vuelta al cole, tengo que comprarles ropa a los tres, las mochilas, los libros...” Khadija Eljarrady llegó a Galicia hace tres lustros desde Marruecos y aquí inició una nueva vida, marcada por el nacimiento de sus hijos, pero también por ser víctima de violencia de género. De hecho, asegura que está en vigor una orden de alejamiento contra su expareja.
“Sufrimos mucho la subida de precios, sobre todo del gas. En verano solo lo usamos para ducharnos y aun así la última factura fue de 100 euros y eso que vivimos en un piso por el que pagamos 270 euros. En esta ciudad está bien, pero es un sótano. La media supera los 400 euros”, comenta esta vecina de Santiago, que se queja especialmente del encarecimiento del pescado. “Subió muchísimo”, enfatiza.
Khadija comenzó a percibir el IMV poco tiempo después de su puesta en marcha. Al ser una familia monoparental con tres hijos, le corresponden 1.042 euros mensuales, a los que se suman 70 euros adicionales por su hija de 4 años y 100 por sus hijos de 14 y 12 en total. La suma alcanza los 1.212, que se incrementan un 15% por la decisión del Gobierno de ayudar a los beneficiarios este año a combatir la inflación. En total, más de 1.390 euros, 240 por debajo del sueldo medio bruto de un gallego, según los datos del INE correspondientes a 2020.
La vuelta al cole, prevista para la próxima semana supone un reto para esta mujer. “Tendré muchos gastos este mes con el colegio”, avanza sobre su situación. “Mi hijo mayor necesita dinero para el bus, la merienda y algún día tiene que comer fuera”, se queja antes de lamentar también el coste de actividades extraescolares de sus hijos.
