“Verde, que te quiero verde”. Una lectura superficial del verso de Lorca podría sintetizar el llamamiento de la Unión Europea a sus miembros para llegar al ecuador del siglo con un estado de conservación “favorable” de sus hábitats, un escenario donde se reduzca de forma “muy significativa” la proliferación de especies foráneas, se asegure un uso “racional y sostenible” de los recursos naturales, de modo que la población pueda “seguir beneficiándose de los servicios que prestan los ecosistemas”, y de paso se alivien los efectos del cambio climático. Para ello, como ocurre con las infraestructuras de siempre, las de cemento, que sirven para cohesionar el territorio, habla de una “infraestructura verde”, concebida como “una red ecológicamente coherente y estratégicamente planificada” que debe diseñarse y gestionarse mediante una estrategia específica. Galicia tiene por fin la suya y entre otras cuestiones apuesta por abordar, de modo prioritario, la restauración de casi 300 puntos.
Así consta en la Estratexia galega da infraestrutura verde e da conectividade e restauración ecolóxicas, un documento que va acompañado del proyecto de orden para su aprobación, abierto ya el plazo de envío de sugerencias. La Estratexia, a cuya elaboración conmina la Lei do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia de 2019, recoge cómo, en general, los hábitats de interés comunitario propios de la región Atlántica de Europa, que incluye a Galicia, se hallan en un estado de conservación “desfavorable” y precisan “urgentes medidas de gestión y restauración”.
En concreto, el informe indica que a escala autonómica se designaron –bien por los redactores de la Estratexia, bien por la ciudadanía en el proceso previo de participación pública– 293 puntos como áreas prioritarias de restauración ecológica, es decir, como puntos o zonas donde “se deberían priorizar” las medidas destinadas a restauración mediante planes específicos acordes con la Estratexia. Aparecer en esa lista no quiere decir que el ecosistema esté tan dañado y que haya que recomponerlo, que también los hay, sino que en algunos casos los lugares aparecen porque se considera preciso “adoptar medidas específicas para el control del uso público” –reduciendo a “cero” sus efectos en hábitats de interés comunitario o que cuenten con especies protegidas– o porque requieren algún plan de mitigación de especies exóticas o de recuperación de la dinámica hidro-ecológica.
En el listado dominan los espacios localizados en la provincia de A Coruña, con un total de 142 menciones, desde el Cabo Fisterra a la Autopista A-9, que aparece referida por la necesidad de abordar la presencia de especies exóticas, lo mismo que ocurriría en Pontevedra con la AG-57 (Puxeiros-Baiona). Lugo es la siguiente provincia con más nombres en la lista roja, un total de 83, incluida As Catedrais, por ejemplo, donde habría que trabajar por partida doble: no solo supervisando cuánta gente llega al arenal, sino también en la recuperación de la estructura, composición y funcionamiento del hábitat.
En el caso de Ourense son 25 los puntos que exigen atención preferente, buena parte de ellos apuntan a entornos mineros, aunque se menciona asimismo el Parque Natural do Xurés o la propia ciudad de Ourense, mientras que en Pontevedra serían 43. Entre ellos, zonas muy turísticas, como la formada por Illa da Toxa, A Lanzada, O Grove y Litoral de Sanxenxo, junto a enclaves en el Parque Nacional Illas Atlánticas, como los archipiélagos de Ons o Cíes o la isla de Cortegada. No son las únicas. Entre los puntos que exigen un mayor tipo de intervenciones en toda la comunidad, también en la provincia de Pontevedra, se encuentran varias ZEC (zonas especiales de conservación). Es así porque los hábitats de interés comunitario y los propios se consideran, de por sí, prioritarios.
La Estratexia enfatiza cómo una infraestructura verde, conformada por los espacios naturales, los cursos y masas de agua, las superficies no urbanizadas, los grandes espacios verdes en las ciudades y los corredores ecológicos que “los interconectan”, permitirá mantener en “buen estado” los ecosistemas. No solo por proveer de agua “pura” y aire limpio, sino igualmente siguiendo una lógica económica: prorrogar la capacidad de la naturaleza para “mitigar” los efectos negativos del cambio climático es “mucho más rentable” que buscar soluciones tecnológicas “más costosas” a esos servicios perdidos.
De ahí que esa “conectividad ecológica” y la “funcionalidad” de los ecosistemas deba incluirse en la planificación territorial y sectorial y en la evaluación ambiental. Esa es una de las metas de la Infraestrutura Verde de Galicia reflejadas en la Estratexia, entre cuyos indicadores se recoge, en lo relativo a restauración de hábitats y “ecosistemas clave” para favorecer la biodiversidad, el identificar las necesidades de restauración “para contribuir, por lo menos, a la restauración del 15 por ciento de los ecosistemas degradados”.
Los jardines del futuro, con plantas autóctonas
A las ciudades también les concierne la Estratexia Galega de Infraestrutura Verde, que insta a “promover una gestión racional y sostenible” de jardines, espacios ajardinados, huertos urbanos, fuentes, paseos... Frente a otros territorios atlánticos europeos, que reducen la superficie ocupada por áreas vegetadas artificiales, en Galicia, dice el documento, los parques muestran “un elevado grado de artificialidad y de escaso valor paisajístico”, por ello anima a “renaturalizarlos”, excluyendo especies exóticas y vigilando y erradicando flora y fauna invasoras.
En lo que atañe al capítulo de revegetación, se advierte contra antiguos proyectos en los que se tendía a usar un número muy reducido de especies vegetales, o incluso una sola, y además sin tener en cuenta su potencial invasor y al respecto se fijan ciertas normas, como la de vetar especies que no estén presentes en el entorno en el que se sitúa la restauración.
Asimismo, los planes de la Xunta tienen que ver con mejorar la conectividad de las zonas verdes y una de las orientaciones que contemplan en ese sentido es la revisión de infraestructuras fluviales (presas, canalizaciones...) para valorar sus condiciones de seguridad y su rentabilidad frente al “impacto” que generan en los ecosistemas, “decidiendo si se modifican o se eliminan”. En tramos con “un alto valor por sí mismos” o que atraviesan espacios “de elevado valor natural”, se insta a optar por el desmantelamiento.
