Los inmuebles de más de 50 años están obligados desde mayo de 2021 a contar con un informe de evaluación de edificios (IAE), una especie de “ITV”, que certifique que se encuentran en un estado idóneo desde el punto de vista de la conservación, la accesibilidad o la eficiencia energética. En Galicia son más de 120.000 los edificios que están obligados a someterse a esta inspección. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda les ha dado de plazo tres años. Sin embargo, catorce meses después solo 1.702 inmuebles han superado este trámite, según consta en el registro de la Xunta.
La práctica totalidad son de la provincia de Pontevedra (1.690), mientras que en la provincia de A Coruña solo se han registrado 12.
Son los propietarios de los inmuebles los que tienen que presentar el informe de evaluación en su concello, acompañado de toda la documentación requerida. El consistorio está obligado a inscribir los edificios que ya superaron esta “ITV” en el Registro Gallego de Informes de Evaluación de Edificios (Regiae) que gestiona el Gobierno gallego en un plazo inferior a tres meses. Periódicamente el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) recuerda a los ayuntamientos gallegos su obligación de comunicar al censo de la Xunta los inmuebles que ya superaron su correspondiente inspección.
Sin embargo, de momento, solo constan anotados el 1,4 por ciento de todos los edificios que por su antigüedad están obligados a someterse a esta evaluación. Es una cifra muy baja, teniendo en cuenta que solo disponen de tres años como máximo, de manera que estos 120.000 inmuebles tendrán que pasar su “ITV” antes de mayo de 2024.
Este plazo es solo para los edificios que ya contaban más de 50 años cuando se activó el decreto que regula el informe de evaluación en mayo de 2021. Aquellos inmuebles que alcanzaron el medio siglo de vida después de la entrada en vigor de la normativa dispondrán de solo un año.
Y estos horizontes son, en todo caso, los plazos máximos estipulados por la Xunta. Los ayuntamientos que así lo consideren, en función del número y la antigüedad de los edificios así como de sus propios medios y necesidades, podrán establecer un calendario para la presentación gradual del IAE, siempre respetando los plazos máximos fijados por la Administración autonómica. Los municipios podrán incluso ampliar la obligatoriedad de estas evaluaciones a edificios con menor antigüedad que la que estipula el decreto autonómico.
Estas inspecciones tendrán un coste para los propietarios. Según los cálculos del sector, en un edificio de 12 viviendas con dos puertas por planta, locales comerciales y dos fachadas la factura podría elevarse a los 1.000 euros, unos 90 euros por piso. Incumplir la obligación de someterse a esta “ITV” está sancionado, en todo caso, con multas que pueden superar los 300 euros.
Deberán pasar por estas inspecciones también los edificios catalogados o declarados bienes de interés cultural. En un principio, la Xunta dio solo un año a estos inmuebles para someterse al informe de evaluación, pero las limitaciones impuestas en las reuniones de las juntas de vecinos por culpa del COVID dificultaron el cumplimiento de este horizonte, por lo que en marzo de este año la Consellería de Medio Ambiente resolvió ampliar el plazo a estos inmuebles y situarlo también en tres años, al igual que el resto de edificios de mas de 50 años.
