Desde finales de 2020, los precios de los alquileres en Galicia han aumentado un 5%, pasando de una media de 430 euros mensuales a 460, con grandes diferencias entre las ciudades, con A Coruña y Vigo a la cabeza, con costes medios de 561 y 544 euros, según el Observatorio da Vivenda de Galicia. El acceso a un alquiler público, con una renta máxima que alcanzarían el 4% de su precio de venta, supone una salida al encarecimiento de la vivienda, pero la falta de oferta de pisos de promoción autonómica (tanto a cargo de la administración como de promotores privados) y el hastío burocrático han reducido en 816 personas la lista de quienes esperan un alquiler de este tipo desde el inicio de la pandemia.
Las estadísticas del Rexistro de Demandantes de Vivenda Pública de la Xunta constituye el tablón en el que apuntarse para solicitar un piso de promoción autonómica, es decir, con precios fijados de antemano y un máximo de 1.064 euros por metro cuadrado en función de la zona en que se realice la construcción. Este registro está congelado en el apartado general, con 15.057 aspirantes, por los 15.123 de febrero de 2020, el mes precio al inicio de la pandemia de COVID-19.
Esta estadística recoge tanto los solicitantes de un piso para comprar como para alquilar. Es este capítulo el que se reduce un 6%, pasando de 12.717 a 11.901. “Esta vía para lograr un alquiler público no funciona. Existe muy poca oferta y la gente inscrita se desespera porque no surge nada y además para los ofertantes existe un laberinto burocrático”, explica Carlos Debasa, presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalín).
Los propietarios no perciben demasiadas ventajas en esta modalidad, al estar los precios sometidos a topes, así como su venta. Además, para acceder a estas viviendas los ingresos deben oscilar entre 405 y 868 euros mensuales.
Para Debasa, elevar las ayudas a los propietarios tanto para realizar reformas como para contratar pólizas contra impagos es la única vía para aumentar la oferta y, por tanto, mejorar no solo esas estadísticas, sino combatir la tendencia alcista de precios. Ahí apunta la necesidad de “regular la vivienda turística”. En estos momentos, este modelo de negocio cuenta con 15.500 viviendas vacacionales en la comunidad. Solo 3.500 se ofrecen para alquiler tradicional.
Por su parte, la Xunta resta importancia a la caída de demandantes de alquileres protegidos. “El registro es una herramienta viva con constantes altas y bajas. Es difícil extraer conclusiones sobre los posibles cambios de tendencia porque son fotos fijas”, apuntan desde la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende el Instituto Galego de Vivenda e Solo.
Durante el año pasado, añade, lograron viviendas protegidas (bien públicas, bien privadas) 1.347 familias, de las que 682 se referían al régimen de alquiler.
Aun así, la Xunta “comparte la preocupación ante la desconfianza creciente” en el sector inmobiliario, lo que reduce la disponibilidad de viviendas en alquiler en el mercado libre “debido a la inseguridad que genera entre los propietarios las políticas impulsadas desde el Gobierno central”, como los límites a las subidas de precios de los alquileres o la futura Ley de Vivienda estatal.
