El pasado 26 de julio, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aprobaba un techo de gasto histórico de 196.142 millones de euros, lo que marcaba el inicio de la elaboración de los presupuestos generales para 2023, año de elecciones municipales y autonómicas en la mayoría de territorios. Una vez elaborados quedará lo más complicado: aprobarlos. La inestabilidad económica causada por la guerra en Ucrania y una inflación desbocada por encima del 10% avanzan problemas que se unen a las tiranteces en el bloque de investidura, con ERC molesta por el caso Pegasus –espionaje a políticos catalanes–. Su apoyo es imprescindible.
Los ayuntamientos y diputaciones se juegan mucho en este proceso. En concreto, la devolución de 3.264 millones, de los que alrededor de 165 corresponden a las administraciones locales de Galicia. La mitad de esa cantidad depende de las cuentas de 2023; la otra parte, de las de 2024, año de elecciones generales.
El motivo de este peligro radica en las consecuencias de la pandemia de COVID que surgió en 2020 y en el mecanismo habilitado por le Ministerio de Hacienda para compensar la caída de la recaudación que sufrieron municipios, diputaciones y mancomunidades. Todo deriva del sistema de financiación. Cada año, la administración general entrega un dinero a cada entidad, como hace con las comunidades, en previsión de la recaudación tributaria, es decir, su parte del pastel fiscal. Dos años después, se cuadran números. Si las arcas públicas engordaron más, Hacienda paga el plus. Si las expectativas fueron demasiado optimistas, concellos y diputaciones devuelven a la hucha general el exceso recibido.
El desplome de actividad causado por la pandemia destrozó las previsiones de 2020. Las administraciones locales obtuvieron casi 4.000 millones de más porque la recaudación pinchó en un ejercicio en el que gran parte de la actividad económica paró durante los tres meses de confinamiento entre mayo y julio.
Hacienda decidió condonar esa deuda, pero a través de disposiciones en los presupuestos generales de 2022, 2023 y 2024. Ahí radica el riesgo de que se abra un escenario incierto. ¿Y si no se aprueban las cuentas? “No sabemos”, confiesan desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
Las cuentas estatales de este año contemplaron una partida de 732 millones para cubrir esta deuda general de los ayuntamientos. Para “neutralizar el efecto de las liquidaciones negativas de 2020” se habilitarían en los presupuestos del año que viene otros 1.682 millones, misma cantidad que se destinaría en 2024 hasta cubrir toda la deuda por esos ingresos no alcanzados. Es decir, este ejercicio se cubrió el 18%. El próximo se condonaría el 41% y en 2024, el 41% restante.
Concellos y diputaciones de Galicia recibieron casi 200 millones extra en 2020 respecto a la recaudación. Este año ya estaría garantizado el abono del 18%, pero el resto depende del acuerdo político para aprobar los presupuestos, que no se logró en 2019.
La Fegamp confía en que se busque una solución, pero Hacienda también garantizó el pago del IVA atrasado a las comunidades y trató de vincularlo en su momento a las cuentas estatales. Finalmente, tuvo que pagar porque se lo ordenó la justicia.
