Galicia pierde habitantes y el rural, todavía más. Entre 2009 y 2021 la comunidad ha tenido que restar a su censo 88.500 vecinos, un 3,2% de sus residentes, pero en el campo esa pérdida es cuatro veces superior. La sangría de residentes se concentra en Ourense y Lugo y “casi en su totalidad” en las zonas poco pobladas de esas dos provincias. Lo refleja el Consello Económico e Social (CES) en su Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2021, donde no solo diagnostica el mal, sino que ofrece recomendaciones para ponerle remedio que pasan por un impulso a la formación en nuevas tecnologías para no dejar a sus ciudadanos hundirse en la brecha digital, la promoción de actividades sostenibles y un alegato en pro de no menguar recursos educativos que puedan atraer a familias jóvenes a un entorno en el que la despoblación, además del cambio climático, como explican desde el Ejecutivo central, juega un papel en los incendios.
En lo relativo a la digitalización, el CES insta a “garantizar” el acceso a las infraestructuras necesarias en toda la comunidad. El organismo está “preocupado” por que en pleno proceso de transformación digital pueda quedar “rezagada” en el proceso la comunidad y que “se agraven” brechas que ya existen, como son las de género, las de edad y las de territorio, en alusión al rural. Al Gobierno le toca desarrollar estrategias que permitan adaptarse al cambio. Temiendo que la brecha digital se pueda convertir en un factor de desigualdad laboral, insta a las Administraciones a promover un modelo “efectivo” de enseñanza y aprendizaje de estas disciplinas.
Porque esa digitalización ha llegado al terreno de la salud y al bancario. Sobre la primera cuestión, el informe muestra su inquietud por el “problema de salud pública” que puede suponer la falta de conocimientos y acceso digital de las personas mayores (cita por internet, por ejemplo), mientras que los “desajustes” en la atención a los usuarios de entidades financieras por el “persistente descenso” de oficinas bancarias se producen “especialmente” entre los mayores y en el rural y contribuyen a su despoblación.
Las tasas de actividad y desempleo van de la mano, según el CES, del nivel formativo. En ese terreno, el informe refleja la “preocupación” de la entidad por el “continuo” descenso de unidades en funcionamiento y centros docentes en el rural. Es tajante al afirmar que “la pérdida de recursos educativos y la escasa oferta formativa” se sitúan entre las causas de que las familias abandonen el campo y de que este medio no resulte atractivo para los jóvenes, “agravando así la despoblación y el envejecimiento” en dichas áreas. De ahí que estimen “preciso” que el Gobierno gallego proteja “especialmente” los recursos formativos en estas zonas.
Otra receta fundamental es el trabajo. El despoblamiento “constante” del rural, sostiene el CES, hace preciso articular mecanismos que propicien en esas zonas actividades “transformadoras y sostenibles”, que posibiliten una creciente recuperación del territorio de modo que quienes lo deseen puedan elegirlo como entorno de trabajo. Ya sin aludir al campo, pero vinculado al mercado laboral, el CES anima a seguir el ejemplo del Norte de Portugal en lo que tiene que ver con el sector industrial y que resume en “condiciones favorables” para “atraer y retener” proyectos generadores de empleo. Urge igualmente a formar más titulados en disciplinas STEM, ante el aumento de la búsqueda de este tipo de perfiles y con vistas también a afrontar el avance tecnológico e industrial que los agentes socioeconómicos gallegos califican de “clave” para una transición “sostenible”.
Por otra parte, el campo no es el único que ve menguar el censo. Recorte de población y envejecimiento son para el CES de los problemas “más graves” que padece Galicia e insiste en implantar medidas para frenar la situación, de cara a conciliar familia y trabajo, incrementar la natalidad, favorecer el retorno de emigrantes y evitar que quienes aún no han hecho la maleta decidan irse ante la falta de oportunidades.
Entre la lista de temas de la Memoria de Galicia, presentada ayer por el presidente del CES, Agustín Hernández, al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, desgranados en las más de 400 páginas que conforman el informe, destaca la situación sanitaria. El CES considera la salud mental una “prioridad de primera magnitud”, para advertir sobre su “empeoramiento” en el contexto de la pandemia y sobre una afectación “cada vez mayor” a los jóvenes, unas circunstancias que insta a “frenar” a través de una “mayor dotación de recursos al sistema”.
La lista de consideraciones incluye otras variables, desde cómo el CES considera “inadmisibles” los plazos para las resoluciones ante las solicitudes de dependencia a la recomendación de “aprovechar “con mayor eficiencia” los fondos Next Generation “y asociarlos con los proyectos más generadores de empleos de calidad”.
