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El Gobierno exige a las comunidades planes antiincendios anuales y con personal estable

Tienen cinco meses para adaptarse a la norma para “coordinar” la respuesta al fuego | Medio Rural insta a evaluar “eventuales mejoras” tras finalizar la época de alto riesgo

La huella dejada en el monte por el incendio de Arbo, ayer. / ANXO GUTIÉRREZ

Tras analizar los incendios forestales ocurridos en España este verano, entre los que se hallan los mayores registrados en la historia de Galicia, el de Folgoso do Courel y el de Carballeda de Valdeorras, que arrasaron casi 22.000 hectáreas, el Gobierno estima que el país vive una “situación de emergencia que compromete gravemente la seguridad de las personas, las infraestructuras y el medio ambiente”. El Ministerio para la Transición Ecológica urge a una solución “de inmediata aplicación” y ha recurrido al real decreto ley, una fórmula rápida, para “mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades” ante la amenaza modificando la Ley de Montes y conminando a las autonomías a elaborar planes de carácter anual y con personal “estable y permanente”.

En concreto, el Real Decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, que da cinco meses de plazo a Ejecutivos como el gallego para adaptarse a sus premisas, establece, entre otras consignas, que los planes para la prevención, vigilancia y extinción de incendios deberán estar aprobados y publicados por las comunidades antes del 31 de octubre del año precedente, que deberán ser “actualizados con la suficiente antelación” y aplicados de manera “continua” durante los doce meses y que incluirán “la asignación estable, y permanente, de medios técnicos y profesionales singularizados al desarrollo de las actuaciones contempladas”.

Además, insta a detallar en el plan las previsiones de dotación, financiación y modelo de organización de los medios de vigilancia y extinción necesarios para la cobertura de todo el territorio de la comunidad y especificar los trabajos de tipo preventivo que se realizarán a lo largo de todo el año o cómo deberán señalar las infraestructuras, que tendrán una servidumbre de uso para los servicios de prevención y extinción.

El texto de la normativa busca también “reforzar la coordinación”. El Ejecutivo central aduce que la gestión estratégica de los incendios forestales “se sigue abordando de forma parcial”, de ahí que abogue por un marco estatal e “integrar” a cuantos agentes intervienen en el dispositivo bajo directrices comunes para evitar “disfunciones”, mientras, por su parte, el Estado “asume el compromiso de mantener activo” todo el año el dispositivo de medios aéreos, unidades de refuerzo helitransportadas y los restantes medios de apoyo.

Asimismo, el documento, vigente a partir de hoy, incluye un catálogo mínimo de prohibiciones y sanciones que las comunidades pueden elevar y que se mueven entre mil y cien mil euros por regla general, aunque pueden llegar al millón si los daños exigen un plazo de reparación superior a medio año, y regula el mecanismo de colaboración con las comunidades para restaurar zonas afectadas siempre que en ellas se adoptaran las medidas de prevención y extinción exigidas por la ley y a partir de una extensión mínima que depende de qué ardió y dónde.

Para apoyar las actuaciones de las autonomías, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé contar con una herramienta de zonificación de riesgo de los incendios que ayude a tomar decisiones operativas, y de cara a “facilitar” la toma anticipada de decisiones, la Agencia Estatal de Meteorología publicará una predicción relativa a los niveles de riesgo de incendios con información georreferenciada en colaboración con las comunidades.

A Galicia, como al resto del Estado, le tocaría estar adaptada a lo que requiere el real decreto antes del 1 de enero de 2023. No obstante, la Xunta, que todavía está analizando la normativa para ofrecer a una valoración “definitiva”, avanza que cualquier iniciativa al respecto debería ser “consensuada con todas las comunidades”. Asimismo, el conselleiro entiende que ahora, en plena lucha contra los focos, no es “el mejor momento” para arbitrar soluciones e insta a esperar al final de la temporada de alto riesgo. “Será el momento en el que tengamos que evaluar las eventuales mejoras que tengamos que asumir todas las administraciones implicadas en el dispositivo de prevención y extinción de incendios en el conjunto de España”, alega.

Embalse de As Portas, en Ourense. BRAIS LORENZO

En la normativa, el Gobierno advierte que, tras haber logrado reducir la incidencia de los fuegos, se ha roto la tendencia al mostrarse “con toda su agresividad” dos factores: el proceso de transformación del medio rural y el calentamiento global. Al menos cinco estaciones meteorológicas de Ourense superaron ayer los 40 grados. En A Portela, en el Concello de Vilamartín de Valdeorras, el termómetro alcanzó los 42,4. En la comarca de Valdeorras la Xunta mantiene la alerta 2 hasta el viernes y en el nivel 1, en teoría hasta hoy, al resto de la provincia de Ourense e interior de Pontevedra. También los embalses de la cuenca Miño-Sil están a menos de la mitad de su capacidad.

La Xunta impulsa oficinas para atender a los afectados

Habrá oficinas específicas para atender a los afectados por los incendios forestales de julio para asesorar a quienes soliciten ayudas para reparar los daños causados por las llamas. Así lo confirmó ayer el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, en la reunión que mantuvo con los alcaldes de los municipios del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Ribeira Sacra-Courel.

Estos puntos de atención se habilitarán en las sedes de los GDR de las zonas perjudicadas –Ribeira Sacra-Courel, Valdeorras, y Monteval (Verín)– y quienes sufrieron algún daño por los fuegos podrán recibir asesoramiento para tramitar las subvenciones de nueve millones de euros convocadas por los distintos departamentos de la Xunta. Por otra parte, Calvo ha anunciado la firma de convenios para financiar los gastos corrientes municipales en bienes y servicios que requieran alguna acción para recuperar su situación anterior al incendio. 

Castrelo de Miño: apagado 218 hectáreas después

El día de ayer acabó con buenas noticias para el incendio que el pasado día 27 se originaba en la parroquia de Carral, en el concello ourensano de Castrelo de Miño. Los efectivos de la Xunta lo dan por extinguido tras haber calcinado un total de 218,17 hectáreas, en su inmensa mayoría, alrededor de 200, arboladas. Medio Rural lo considera extinguido desde las 19,29 horas de la tarde de ayer y tras un operativo en el que intervinieron dos técnicos, 43 agentes, 88 brigadas, 59 motobombas, cuatro palas, ocho aviones, once helicópteros y una unidad técnica de apoyo.

El resto de los incendios que superan las 20 hectáreas se ubican en la provincia de Pontevedra y tienen diferente pronóstico. El de Mourentán, en Arbo, seguía siendo considerado activo por la Xunta en el último parte, aunque el Ejecutivo aclara que está perimetrado, sin llama, y explicaba que a última hora se refrescaban puntos calientes y que evoluciona “favorablemente” hacia su estabilización. Se mantienen las estimaciones de la superficie afectada en 400 hectáreas y en la medianoche del lunes al martes se había desactivado la situación 2 al entender fuera de peligro el núcleo de As Searas.

Los otros dos fuegos que protagonizan la jornada son de menor entidad: el de Padróns, en Ponteareas, aparece en la lista de controlados y lo hace con 20 hectáreas, igual que ocurría a última hora del lunes. En cambio, se da ya por extinguido el de Oroso, en A Cañiza. Tras una última edición, la superficie afectada por las llamas sube a 29,5 hectáreas, de ellas 18 arboladas. En ese incendio también se había declarado una situación 2 como medida preventiva por la proximidad de las llamas al polígono industrial.

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