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Faro de Vigo

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Las entidades locales gastan 75 millones más en ayudas sociales que antes de la pandemia

Pagas de emergencia y fondos extra para colectivos en exclusión por parte de concellos y diputaciones suman 445 millones

Varela, segundo por la derecha, con los representantes de CIG, UGT y CC OO, ayer. | // ÓSCAR CORRAL

La pandemia de COVID-19 provocó la proliferación de colas del hambre en comedores sociales de toda la comunidad, debido a la destrucción de empleo que generó esa situación inédita. Pero la inflación desatada desde finales del año pasado y que supera la barrera del 10%, ha forzado de nuevo a las administraciones a lanzar salvavidas contra la pobreza. Concellos, diputaciones y mancomunidades gastaron el año pasado 75 millones más que antes de la aparición del SARS-CoV-2 en ayudas de tipo social hasta alcanzar el récord histórico de esta partida con más de 445 millones de euros.

La liquidación de las cuentas municipales del pasado ejercicio revela que un total de 177 concellos incrementaron su desembolso en este tipo de partidas. Estas actuaciones de protección y promoción social se refieren a “todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, minusválidos físicos y tercera edad; y medidas de fomento del empleo”, de acuerdo con la definición del portal Rendición de cuentas.

El municipio de Vigo ilustra la consolidación de la necesidad de estas medidas asistenciales. Durante el primer trimestre del año, dedicó casi 200.000 euros solo a ayudas de emergencia, pagos para evitar desahucios y abonar el alquiler o la hipoteca o para sufragar el alojamiento de personas sin hogar, según cifras del consistorio. Esa cantidad se distribuyó entre 377 expedientes.

Medidas como estas en el ámbito municipal sumaron en 2019 un total de 370,6 millones de euros, de acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda. El año siguiente estuvo marcado por el surgimiento del COVID-19, que obligó a imponer tres meses de confinamiento a la población de todo el Estado. En ese ejercicio, la administración municipal gallega dedicó a estas actuaciones 421,1 millones.

Sin embargo, la aparición de la vacuna no calmó la situación, pues la recuperación económica comenzó a verse lastrada desde finales del año pasado por una creciente inflación, que el pasado mes de junio rozó el 11%, la más alta en cuatro décadas. En ese contexto, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades inyectaron otros 75 millones adicionales a este capítulo de sus actuaciones.

En las ciudades, el comportamiento resulta desigual. A Coruña ocupa el primer puesto, con casi 30,5 millones, casi 200.000 euros más que en 2020. Casi el mismo crecimiento experimenta Vigo, con 26,4 millones.

También crecen Pontevedra (de 5,7 a 5,8 millones), Santiago (de 9,4 a 11,5) y Ferrol (6,7 a 7,8), mientras que en Ourense apenas se reduce, pasando de 11,4 a 11,2.

Es Lugo que aplica un hachazo a este capítulo. Su gasto cae de 20 millones a 14,1.

La Fegamp guía a los municipios en las pruebas para hacer fijos a 7.000 empleados temporales


La nueva legislación estatal para reducir la temporalidad en el empleo público obliga a las administraciones locales gallegas a convertir en fijos a 7.000 trabajadores en un proceso con cierta complejidad. Para ayudar a los concellos y diputaciones a afrontar el procedimiento, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y los sindicatos CIG, UGT y Comisiones Obreras suscribieron ayer un documento que servirá de guía. En el texto, proporcionan unos criterios de elaboración de las convocatorias para la estabilización de empleo que, en cumplimiento de la Ley 20/2021, deben tener publicadas antes de final de año.

Los procesos deben estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2024. La Fegamp propone detalladamente los méritos profesionales, formación y capacitación a baremar, y recomienda que las distintas fases de selección no sean excluyentes. También se apuesta por coordinar los procesos para realizar llamamientos simultáneos entre administraciones para evitar “vacíos” de puestos mientras se celebran diferentes convocatorias.

Además, se recomienda informar a cada trabajador de la plaza ofertada y pagar una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un tope de 12 mensualidades a los trabajadores temporales que se presenten a las pruebas y no logren estabilizar su plaza.

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