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Contas denuncia que el Sergas abusa de los contratos a dedo para concertar actividad

Critica el “uso indiscriminado” de adjudicaciones directas de servicios a la sanidad privada | Pone en duda su legalidad: “No se adecuan a la normativa básica del Estado”

El conselleiro maior José Antonio Redondo entrega a Santalices la memoria del Consello de Contas.

El Consello de Contas denuncia “el uso indiscriminado” por parte del Sergas de la contratación directa, sin mediar concurso ni publicidad, para concertar con la sanidad privada determinadas prestaciones. El órgano consultivo advierte que la atención sanitaria que se presta con medios ajenos debe estar sustentada en “una relación contractual adecuada” e insta a la Consellería de Sanidade a “cesar” en la utilización de figuras que no se adecuan a la ley.

Al margen de los conciertos suscritos con los grandes hospitales, Contas advierte que la Consellería de Sanidade contrata adicionalmente otros servicios a estos centros mediante dos fórmulas: las autorizaciones de uso y los contratos menores (denominados documentos contables ADOK).

Las autorizaciones de uso están contempladas por el Sergas “con carácter excepcional y por tiempo limitado” cuando se necesite recurrir a centros o servicios privados para atender necesidades que no puedan ser satisfechas en la pública. Sin embargo, Contas denuncia que se usa esta figura “de forma reiterada” e “indiscriminada” y con carácter “ordinario”. Y el problema reside en que se trata de una forma de contratación directa, es decir a dedo, “sin concurrencia, ni publicidad e igualdad de trato”. “No se adecua a la normativa básica del Estado en materia de contratos del sector público”, sentencia el órgano consultivo.

“No se adecua a la normativa básica del Estado en materia de contratos del sector público”

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La otra figura de contratación directa de la que abusa el Sergas son los contratos menores que además se dispararon en 2020, año de la pandemia, pues alcanzaron los 32 millones de euros frente a los 17 millones de 2019. Además mediante esta fórmula se tramita el 15% del gasto en actividad concertada. Según explica Contas, lo que hace Sanidade es “fraccionar los importes” para adjudicarlos a dedo.

Por hospitales

Ourense es donde se produce el mayor impacto de este tipo de gasto “sin sustento contractual”. Por ejemplo, en el Centro Médico El Carmen de los 2,1 millones de euros gastados, 1,1 millones fueron mediante una autorización de uso y otro millón se adjudicó mediante contratos menores. Pero también se han detectado desembolsos “sin la existencia de ningún marco contractual” en el Hospital Quirónsalud Domínguez de Pontevedra (253.000 euros), en Povisa (340.500 euros) o en Cosaga, en Ourense, con un millón de euros.

Contas ha fiscalizado también los fondos COVID-19 que recibió Galicia en 2020 para la gestión de la pandemia. La comunidad gallega percibió 735 millones de euros. El órgano consultivo entiende que estos recursos fueron “aplicados en su totalidad”. Además, recoge el impacto que tuvo la pandemia sobre el incremento de gasto. El COVID supuso un desembolso extra de 508,3 millones de euros, de los cuales 259 millones fueron en sanidad y 120 millones en educación.

Los ingresos del Sergas por tasas y precios públicos fueron también objeto de fiscalización. Contas reclama a Sanidade un mayor control sobre la facturación de gastos a terceros cuando estén obligados a pagar los gastos sanitarios como en el caso de accidentes de tráfico, laborales, deportivos, escolares o atención a extranjeros.

El órgano consultivo pide dejar sin ayudas a los concellos que no rindan cuentas

El conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo, entregó ayer la memoria anual del año 2021 con los informes de fiscalización, al presidente del Parlamento, Miguel Santalices. Aunque el cien por cien de los ayuntamientos y diputaciones cumplieron con su obligación de rendir cuentas, no todos lo hicieron en plazo. De hecho, aumenta el número de entidades que no presentan a tiempo su contabilidad. Como medida para fomentar la rendición de cuentas, Redondo reclamó que se condicione la concesión de subvenciones públicas a que las entidades locales cumplan con su obligación con el Consello de Contas.

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