La violencia contra las mujeres se ha trasladado también a internet. Las nuevas tecnologías se han convertido en un arma para acosar, humillar o vulnerar su intimidad. Ante esta situación la Xunta reforzará la protección de las víctimas ante ataques sexistas a través de la red. La nueva Lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes establece que el Gobierno gallego ejercerá acciones judiciales por los contenidos sexistas difundidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en especial en aquellos casos de mayor impacto social por su gravedad o por el número de personas afectadas. Además, desde la Administración autonómica se asesorará a las víctimas sobre sus derechos y los trámites para instar a la retirada de contenidos a las empresas que operan a través de internet.
El caso más flagrante de violación de los derechos de las mujeres a través de las nuevas tecnologías fue la grabación en 2019 de 90 mujeres orinando en las fiestas de A Maruxaina, en el municipio de Cervo (Lugo), imágenes que se difundieron en páginas web de contenido erótico. Si algo similar vuelve a repetirse, la nueva ley obliga a la Xunta a emprender acciones judiciales, personándose incluso como acción popular, siempre y cuando, obviamente, las víctimas no expresen su negativa expresa.
No es la única novedad incluida en la nueva ley, que sustituye a la norma anterior de 2004. La Xunta promoverá además programas municipales para crear ciudades seguras. Así, regula esta nueva figura con la intención de que los concellos la pongan en marcha. La idea es que los ayuntamientos habiliten sendas seguras frente a posibles agresiones entre las estaciones de autocar y tren, las paradas de bus urbano, los barrios residenciales y las zonas de actividad laboral, docente, comercial o lúdica. También se propone incrementar la seguridad de aquellas zonas urbanas donde se denuncien situaciones de acoso en la calle, especialmente de noche. Para ello, se deberán evitar espacios poco visibles, y de no poder evitarlos, se incrementará la iluminación, se colocarán más cámaras y señalizarán caminos alternativos. Por otro lado, se insta a mejorar la seguridad de las paradas de autobús urbano e incluso posibilitar paradas a discreción de la persona usuaria, sobre todo por la noche.
En materia de conciliación la Xunta introduce en la ley por primera vez el teletrabajo como herramienta para conseguir una mejor coordinación entre vida laboral y familiar. El Gobierno gallego dará ayudas económicas, especialmente dirigidas a pequeñas y medianas empresas, para que adopten acuerdos de teletrabajo en su plantilla y puedan adquirir elementos tecnológicos para que sus empleados trabajen desde casa.
Además del apoyo económico, la Administración autonómica elaborará guías y promoverá campañas y formación para impulsar el teletrabajo. Eso sí, advierte de que las empresas deberán disponer de un protocolo específico de reconocimiento y aplicación del derecho a la desconexión digital en los mismos términos que el trabajo presencial. La ley establece que trabajar desde casa no debe suponer una rémora para la promoción de las mujeres teletrabajadoras y advierte que el teletrabajo será sometido a inspección laboral.
El objetivo de la ley es promover el “bienestar laboral”. Se ayudará a las empresas a elaborar sus planes de igualdad. Para ello se creará la figura de los agentes de igualdad, que asesorarán en esta materia a las compañías.
La nueva ley, que ahora está en fase de alegaciones, aborda también el derecho a la salud en igualdad entre hombres y mujeres. En ocasiones, la atención sanitaria y los planes de salud no tienen en cuenta la perspectiva de género. Algunas enfermedades deben abordarse de forma distinta según el sexo. La Xunta quiere corregir esta situación e incluye en la nueva norma que la perspectiva de género se incluirá en los programas de prevención de enfermedades y promoción de la salud, así como en los procesos de evaluación de calidad de los servicios. Se busca además erradicar prácticas de “medicalización innecesaria o desproporcionada en procesos naturales que afectan al cuerpo de las mujeres”.
En materia educativa la ley recoge la obligación de la Administración autonómica de fomentar las vocaciones femeninas en áreas donde estén infrarrepresentadas.
El compromiso por la igualdad pesará un 10% en los baremos de las licitaciones públicas
La nueva ley introduce cláusulas vinculadas a la igualdad entre hombres y mujeres entre los criterios de adjudicación de contratos públicos de la Administración autonómica. Las empresas que en sus ofertas contemplen medidas a favor de la igualdad o que combatan el paro que afecta a las mujeres tendrán más puntuación. Al menos un 10 por ciento de la baremación estará relacionada con estos criterios.
La Ley de Contratos actual ya contempla la introducción de “cláusulas sociales” en los criterios para adjudicar contratos públicos. Y, de hecho, ya en algunas licitaciones se valoraba el compromiso de las empresas por la igualdad.
Sin embargo, la nueva normativa introduce por primera vez que las licitaciones contemplen criterios específicos relacionados con la igualdad.
La Xunta también podrá incluir en las bases reguladoras de subvenciones que se dé prioridad a las empresas que fomenten la igualdad de género o cuenten con planes de igualdad.
Por otro lado, según recoge el proyecto de ley, la Administración autonómica actuará sobre aquellos sectores productivos feminizados que no están visibilizados ni valorados, por ejemplo, los servicios de ayuda en el hogar.
Así las ayudas concedidas a los concellos para sufragar este servicio estarán condicionadas a que la contratación del personal sea indefinida y se limiten los empleos temporales a los supuestos recogidos por ley. También se exigirá que se les pague una retribución mínima ajustada al convenio colectivo del sector y a que existan protocolos antiacoso que garanticen la dignidad de las personas trabajadoras.
