Una empresa adquiere otra firma por un valor muy por encima del mercado, con vínculos con múltiples sociedades con sedes en paraísos fiscales como las islas Caimán, Andorra y el Principado de Liechtenstein... Ante indicios de este tipo, los registradores de la propiedad que certifican este tipo de adquisiciones activan el botón rojo para enviar una señal de alarma: existe un posible blanqueo de capitales. El año pasado, este colectivo alertó en Galicia de 346 casos de posibles delitos, una cifra solo dos denuncias por encima del dato de 2020 y un 20% inferior a los 433 de 2019, el último ejercicio previo a la pandemia de COVID-19, que paralizó la actividad socioeconómica y burocrática tres meses. En tres años, por tanto, se superan ya el millar de alertas: 1.123.
Los registradores de la propiedad suman seis años como participantes en la lucha contra el blanqueo de dinero negro procedente de actividades delictivas y contra la financiación del terrorismo. En 2015, se creó el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) vinculado a los registradores de la propiedad, que hasta entonces estaban “únicamente obligados a cumplir con el deber de colaboración impuesto a toda autoridad y funcionario”, según detalla el Colegio de Registradores.
A partir de 2016, el CRAB entró en escena para reducir la carga de trabajo de la unidad de inteligencia financiera (Sepblac) y “eximir de responsabilidad a los registradores que detectan una posible operación sospechosa”. Cuando esto sucede, se lo comunican al CRAB, que analiza el caso para decidir si lo archiva o abre una investigación a su servicio ejecutivo de la Sepblac (Servicio ejecutivo de la comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias”, que es en última instancia la que decide poner el caso en manos de los órganos judiciales.
Evolución
El descenso en Galicia contrasta con el aumento registrado a nivel estatal, que pasó de 24.951 casos sospechosos en 2020 a 28.684. Solo una parte de las alarmas derivan en investigaciones judiciales, que luego pueden acabar o no en un procedimiento mucho tiempo después.
Estos datos se alcanzaron después de que el año pasado se rebajase el límite para pagar en efectivo hasta los 1.000 euros y se eliminasen tres países de la lista de paraísos fiscales: las islas Seychelles, Anguila y Dominica.
La mayoría de alarmas se activan en el ámbito mercantil, pues “las operaciones de blanqueo son cada vez más sofisticadas y eso genera la creación de personalidades jurídicas en cadena, complicando llegar a conocer quién es el beneficiario final, el titular real, en definitiva, de los bienes que se ponen en circulación”, explican desde el Colegio de Registradores.
En Galicia, 202 alarmas se detectaron en los registros mercantiles, mientras que en los de la propiedad sumaron 144 casos. A nivel nacional, la diferencia se acentúa, pues los primeros duplican a los segundos: 18.770 casos frente a 9.900, más otros 14 relacionados con bienes muebles.
Madrid y Cataluña copan casi la mitad de casos, con 7.352 informes por indicios de blanqueo y 5.878, respectivamente.
