La irrupción de la pandemia de COVID-19 en 2020 castigó los servicios sociales en Galicia, a pesar de la inyección millonaria de fondos para combatir sus efectos. El gasto por habitante en unas prestaciones ofrecidas por Xunta, concellos y diputaciones creció de 367 a 398 euros por habitante ese ejercicio, todavía sin alcanzar la frontera de los 400 euros y lejos de los casi 447 de media estatal.

Un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales mide el impacto de la aparición del SARS-CoV-2 sobre servicios sociales como la atención a la dependencia, las rentas sociales para las personas en riesgo de exclusión social o el acogimiento de menores.

La nota del sistema gallego se mantiene como débil y desciende de un 4,5 de nota a 4,19, al tiempo que se sitúa en el puesto decimotercero entre las diferentes comunidades autónomas. “Después de tres años de regresión, en 2017 registró una evolución positiva, incrementando en 2,1 puntos su calificación, pero desde 2018 viene registrando un retroceso, habiendo perdido 0,51 puntos”, establece el informe Índice de desarrollo de los servicios sociales. Solo cinco comunidades mejoran sus calificaciones en 2020. Se trata de Canarias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja. Al frente de la lista se sitúa Navarra, con un 7,39 de nota, frente a su antítesis, que es Madrid con un 3,07.

De esta forma, un 62% de la población española vive en territorios con servicios sociales “débiles o irrelevantes”, un porcentaje que aumentó en veinte puntos en un ejercicio, de acuerdo con el citado estudio.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se refirió a este estudio en la rueda de prensa posterior al Consello, indicando que Galicia “está entre las comunidades con los servicios sociales más eficientes, por encima incluso de otras comunidades que tienen más capacidad financiera, como País Vasco”.

Las notas parciales de Galicia varían, pues pasa de una “excelencia” en el reconocimiento de derechos y ordenación del sistema a una inversión económica por debajo de la media, a pesar del “avance” registrado en 2020.

“En relación con el Producto Interior Bruto (PIB) regional, este gasto del conjunto de administraciones públicas de Galicia en servicios sociales representó en 2020 el 1,82%, 0,24 puntos más que el año anterior, y se aproxima cada vez más a la media estatal (1,88%)”, indica el estudio, a pesar de que el gasto social de las administraciones retrocede una décima respecto a sus presupuestos.

Es la Xunta la administración que mayor carga económica soporta en este apartado, por encima de la media del 69,4%. Inyecta el 75,6% de los recursos, mientras que las entidades locales añaden el 24,4% frente al 30,6% estatal.

Como aspectos positivos, Galicia presenta una cobertura de plazas en centros de día para personas mayores por encima de la media (1,36% frente al 1,06%) y en acogimientos familiares a menores (54,9% frente a 50,1%).

En el servicio de ayuda a domicilio, la cobertura es inferior a la media (4,4% frente a 5,1%), pero presenta una mayor intensidad, con 26,5 horas mensuales de media por las 17,8 estatales.

Como apartados “más deficitarios”, el estudio apunta a las rentas mínimas de inserción, que solo llegan al 4,6% de personas por debajo del umbral de la pobreza por un 9% de media estatal; las plazas residenciales para mayores (1,92% de cobertura por 2,7% estatal); y teleasistencia, con una cuarta parte de la presencia media en las comunidades: 2,7%.

La irrupción de la pandemia de COVID-19 en 2020 castigó los servicios sociales en Galicia, a pesar de la inyección millonaria de fondos para combatir sus efectos. El gasto por habitante en unas prestaciones ofrecidas por Xunta, concellos y diputaciones creció de 367 a 398 euros por habitante ese ejercicio, todavía sin alcanzar la frontera de los 400 euros y lejos de los casi 447 de media estatal.

Un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales mide el impacto de la aparición del SARS-CoV-2 sobre servicios sociales como la atención a la dependencia, las rentas sociales para las personas en riesgo de exclusión social o el acogimiento de menores.

La nota del sistema gallego se mantiene como débil y desciende de un 4,5 de nota a 4,19, al tiempo que se sitúa en el puesto decimotercero entre las diferentes comunidades autónomas. “Después de tres años de regresión, en 2017 registró una evolución positiva, incrementando en 2,1 puntos su calificación, pero desde 2018 viene registrando un retroceso, habiendo perdido 0,51 puntos”, establece el informe Índice de desarrollo de los servicios sociales. Solo cinco comunidades mejoran sus calificaciones en 2020. Se trata de Canarias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja. Al frente de la lista se sitúa Navarra, con un 7,39 de nota, frente a su antítesis, que es Madrid con un 3,07.

De esta forma, un 62% de la población española vive en territorios con servicios sociales “débiles o irrelevantes”, un porcentaje que aumentó en veinte puntos en un ejercicio, de acuerdo con el citado estudio.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se refirió a este estudio en la rueda de prensa posterior al Consello, indicando que Galicia “está entre las comunidades con los servicios sociales más eficientes, por encima incluso de otras comunidades que tienen más capacidad financiera, como País Vasco”.

Las notas parciales de Galicia varían, pues pasa de una “excelencia” en el reconocimiento de derechos y ordenación del sistema a una inversión económica por debajo de la media, a pesar del “avance” registrado en 2020.

“En relación con el producto interior bruto (PIB) regional, este gasto del conjunto de administraciones públicas de Galicia en servicios sociales representó en 2020 el 1,82%, 0,24 puntos más que el año anterior, y se aproxima cada vez más a la media estatal (1,88%)”, indica el estudio, a pesar de que el gasto social de las administraciones retrocede una décima respecto a sus presupuestos.

Es la Xunta la administración que mayor carga económica soporta en este apartado, por encima de la media del 69,4%. Inyecta el 75,6% de los recursos, mientras que las entidades locales añaden el 24,4% frente al 30,6% estatal.

Como aspectos positivos, Galicia presenta una cobertura de plazas en centros de día para personas mayores por encima de la media (1,36% frente al 1,06%) y en acogimientos familiares a menores (54,9% frente a 50,1%).

En el servicio de ayuda a domicilio, la cobertura es inferior a la media (4,4% frente a 5,1%), pero presenta una mayor intensidad, con 26,5 horas mensuales de media por las 17,8 estatales.

Como apartados “más deficitarios”, el estudio apunta a las rentas mínimas de inserción, que solo llegan al 4,6% de personas por debajo del umbral de la pobreza por un 9% de media estatal; las plazas residenciales para mayores (1,92% de cobertura por 2,7% estatal); y teleasistencia, con una cuarta parte de la presencia media en las comunidades: 2,7%.