Pablo coordina el equipo social de un pequeño concello de la provincia de A Coruña, un lugar marcado por el envejecimiento y la falta de jóvenes de todo el rural gallego. Ello incrementa las necesidades de atención a los mayores, que cada vez demandan más servicio de ayuda a domicilio (SAF), pero la falta de mano de obra amenaza una atención básica para miles de personas, a las que las auxiliares de este servicio asisten para que se levanten, se acuesten o para realizar tareas domésticas que ya no pueden acometer por sí solos.
La ausencia de personal en la hostelería y otros sectores con horarios muy variables y gran estacionalidad afecta también al SAF, que es una prestación municipal consistente en una auxiliar –casi la totalidad de las plantillas son mujeres– enviada a un domicilio de una persona mayor o con problemas de dependencia para echarle una mano con tareas domésticas, desde limpieza de la casa, ayuda con la higiene personal u otras tareas, como el planchado, por ejemplo.
Pero Pablo no encuentra personal interesado en sumarse al SAF, que pueden gestionar los concellos de forma directa o, como es habitual, ser derivado a empresas privadas. Las condiciones laborales, con una tarea en la que las auxiliares se enfrentan a casos cercanos al acoso por parte de familiares de dependientes o de los propios usuarios, y económicas alejan a la mano de obra del mercado. “Existe un problema de mano de obra”, reconoce Alejandra Gesto, de Comisiones Obreras. “Sí, tenemos dificultad para encontrar personal”, se suma María Vázquez, fundadora en 2000 de Senes Cit, empresa que gestiona el SAF para varios concellos.
El convenio de las auxiliares del SAF establece un salario base de aproximadamente 1.000 euros, a los que se pueden añadir pluses como nocturnidad, pero deben usar su vehículo para cientos de kilómetros semanales con un kilometraje pagado a 0,19 euros. Con el actual precio del combustible supone un lastre.
Otro problema es que resulta difícil firmar un contrato de 40 horas semanales, además de existir conflictos laborales en algunos ayuntamientos, como Vilagarcía, Silleda o Forcarei. Las trabajadoras de la concesionaria, en el primer caso, denunciaban precariedad en sus condiciones y rebajas salariales sin motivo, como reveló FARO.
“Se puede llegar a un salario de 1.200 euros, pero es verdad que es bastante inestable”, reconoce María Vázquez. “No sueles tener una jornada completa, sino parcial. Y si se muere un usuario o es hospitalizado, pues ni la empresa cobra por las horas no prestadas en su domicilio ni tampoco la trabajadora”, añade.
A eso se suma la concentración horaria, es decir, que a muchos usuarios del SAF es necesario atenderlos en la misma franja, por ejemplo, para ayudarlos con la comida, a levantarse o a acostarse. “Todos necesitan aseo o acostarlos y no vas a meterlos a las cinco de la tarde en la cama”, ilustra Vázquez.
Eso provoca que se necesiten muchas trabajadoras en unos períodos de tiempo cortos y no durante toda la jornada, lo que genera más contratos parciales. Si la jornada es la mitad de la habitual, el salario se rebaja a 600 o 700 euros.
“A cambio, este trabajo facilita la conciliación. Por ejemplo, de una de la tarde a cuatro, disponen de tiempo para ir a buscar a los niños al cole, hacer la comida o sus cosas”, indica Vázquez sobre un sector que requerirá más personal.
“La sociedad está más envejecida y será más necesario este tipo de ayuda, pero quién lo va a prestar si no existe mano de obra”, finaliza la empresaria.
En ese punto, Pablo asume la dificultad para captar jóvenes para el sector. A la dificultad de firmar un contrato a jornada completa se unen el pago escaso para desplazamientos, nula expectativa de promoción y una ocupación poco atractiva para ellos. Los jóvenes prefieren otros caminos en el ámbito urbano y no en el SAF. Para combatir esa situación, concellos como Vilagarcía realizan obradoiros formativos para captar personal.
La Fegamp achaca el problema a una escasa financiación y la Xunta niega una “alarma”
Coordinadores municipales, empresas, sindicatos y concellos reconocen un problema de falta de mano de obra para encargarse de la ayuda a domicilio de dependientes o personas mayores, aunque la Consellería de Política Social niega una situación preocupante. “No podemos hablar de que exista una alarma por la carencia de cuidadores para el SAF en municipios rurales”, apuntan desde este departamento.
Las necesidades de este servicio aumentan, y los concellos apuntan a la falta de dinero. La financiación del SAF procede en un 70% de la Xunta, con otra parte de los municipios y un copago de usuarios.
Política Social recuerda que este año superó por primera vez los 100 millones para el servicio, elevando a 11 euros por hora su aportación. En 2023 serán 11,5 y en 2024, 12.
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) no solo reconoce la falta de mano de obra, sino que avanza que la situación “se agravará” por la “infrafinanciación”. Denuncia que no se cumpla el compromiso de que Gobierno y comunidades asumiesen el 100% del coste y pide abordar el planteamiento de todo el sistema.
