Xunta y oposición se enzarzaron esta mañana en un cruce de reproches sobre las medidas para mejorar la sanidad pública y combatir la crisis de precios, que en Galicia rozan el 10%, situándose por encima de la media estatal y amenazando la economía familiar de miles de hogares gallegos. El presidente del Ejecutivo, Alfonso Rueda, exigió a BNG y PSdeG que presionen al Gobierno central para contribuir a luchar contra esos problemas.
La Consellería de Sanidade anunció este martes incentivos económicos de hasta 10.000 euros para que médicos de Atención Primaria elevasen su actividad, asumiendo pacientes de otros facultativos, una decisión que el socialista Luís Álvarez criticó por no solucionar el problema estructural que afecta a esta parte del sistema sanitario. Acusó a la Xunta de reducir médicos y le reclamó mayor inversión sanitaria, evitando “volver a tiempos pretéritos” en que entregaba a los médicos “casa, luz y carbón”, en alusión a la oferta de pisos a médicos este verano para contratar más personal.
“Si los problemas que tiene la sanidad se arreglasen solo con dinero, estarían arreglados hace mucho tiempo”, alegó Rueda antes de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de hoy, al tiempo que reprochó a la oposición sus ataques por los recortes decididos durante la pasada crisis. “¿Creen que estamos racaneando?”, se molestó.
Galicia exige un MIR extraordinario, la creación de la especialidad de urgencias para no formar médicos de cabecera y que parte de ellos se marchen luego a este servicio, o la supresión de las tasas de reposición.
Rueda pidió al PSdeG que “presione” al Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez para atender esas demandas. Misma vía usó Rueda para rebatir las críticas de Ana Pontón, líder del BNG, pues le encomendó reclamar a su “socio” en Moncloa medidas generales para mitigar la subida de precios. “Son muy bravos con la Xunta y muy dóciles con el Gobierno”, resumió.
Pontón le afeó escudarse tras sus ataques a Moncloa para no tomar medidas como impulsar un paquete de ayudas de 700 millones para ayudar a las familias en dificultades o condicionar la expansión del sector eólico a la creación de puestos de trabajo y la protección de la actividad agraria.
La reclamación de las competencias en la primera línea de la costa y la Autopista do Atlántico (AP-9) sí generó consenso entre PP, BNG y PSdeG. El Parlamento aprobó ayer por unanimidad impulsar la convocatoria de la comisión mixta entre la Xunta y el Gobierno central para lograr ambas cuestiones.
