La escasez de lluvias que se arrastra desde hace meses ha obligado a Galicia a activar la “prealerta” por sequía. En este contexto, la Xunta aprobó la semana pasada un nuevo plan especial para afrontar estas situaciones de déficit hídrico. Según este documento, se declarará la “alerta” por sequía cuando solo queden reservas de agua para un máximo de tres meses. Si esto ocurre la planificación de la Consellería de Infraestruturas contempla una reducción del 15 por ciento en el abastecimiento urbano e industrial, así como limitaciones de consumo con cortes temporales durante la noche. Si la situación se agrava y el volumen embalsado solo garantiza el abastecimiento para dos meses se pasará a situación de “emergencia”, lo que implicará restricciones de hasta el 25 por ciento en el suministro de agua.
Esa será la hoja de ruta de la Xunta en caso de sequía. Pero además el plan elaborado por la Consellería de Infraestruturas determina qué zonas son más vulnerables a sufrir escasez de agua. Así, un tercio de la población gallega –845.000 habitantes– vive en áreas con una elevada vulnerabilidad a sufrir déficits hídricos.
Son, por un lado, el sistema de abastecimiento del Río Verdugo, la Ría de Vigo y la Ría de Baiona, del que se nutren 457.400 vecinos, y que tendría un grado de vulnerabilidad a las sequías “alto”, y, por otra parte, está la zona del Río Mero, Arteixo y Ría de A Coruña, donde viven 387.500 habitantes, y que se clasifica como de riesgo “muy alto”, según el Plan contra la Sequía de la Xunta.
El Gobierno gallego mide la vulnerabilidad de estas áreas no solo por la cantidad de recursos hídricos con los que cuentan, sino también por la calidad del agua, su capacidad de almacenamiento o su gestión de los recursos.
Fases
La planificación para afrontar la sequía contempla cuatro fases. En una primera de normalidad, en la que no se adoptan medidas coyunturales, se insta a las industrias a que estudien la posibilidad de reciclar sus propias aguas de vertido. Con los primeros síntomas de déficit de lluvias se activa la situación de “prealerta” en la que se aplican iniciativas de ahorro y control de la demanda ante el riesgo de agravamiento de la situación.
Las actuaciones más contundentes se adoptarán si se llega a la fase de alerta. Los indicadores para determinar cuando se llega a este punto son complejos. En cada sistema de explotación se fija un indicador que o bien es el nivel de un embalse o de una estación de aforo o una combinación de ambos.
Sin embargo, el departamento que dirige Ethel Vázquez los simplifica y resume: “se estará en alerta cuando el volumen de agua embalsado garantice la demanda en los próximos 2-3 meses y en emergencia cuando solo esté garantizada en menos de dos meses”.
En situación de alerta la Xunta podrá suspender de forma cautelar concesiones y autorizaciones para el uso privativo del agua.
Además podrá obligarse a usar “agua regenerada” para el riego o usos industriales o hidroeléctricos.
También se podrán limitar los usos recreativos y ornamentales del agua en fuentes, pozos, o minas de captación de agua.
Si fuese necesario, para garantizar el abastecimiento, la Xunta podrá declarar el agua embalsada en las centrales hidroeléctricas como “reserva estratégica”. Y se pueden usar cisternas para facilitar el suministro a la población.
El plan contempla asimismo restricciones o prohibiciones sobre usos no prioritarios como relleno de piscinas, riego de jardines tanto públicos como privados, lavado con mangueras de vehículos o baldeo de calles.
En fase de “alerta” los concellos deberán reducir la presión nocturna de las redes de abastecimiento urbanas e incluso realizar cortes temporales por la noche para impedir pérdidas por fugas.
En caso de que la sequía ponga en riesgo la fauna de los ríos, la Xunta contempla la posibilidad de su evacuación.
En momentos de escasez de lluvias tanto Augas de Galicia como los concellos podrán penalizar con recargos en la factura del agua aquellos consumos excesivos.
Si la situación se agrava y se pasa a fase de emergencia, cuando las reservas alcanzan como mucho para dos meses, entonces se mantendrán las medidas adoptadas en la etapa de “alerta”, pero aumentarán a un 25 por ciento las restricciones en el agua suministrada para abastecimiento urbano e industrial.
Se evaluará por primera vez el impacto económico de las sequías
Las sequías no solo tienen un impacto medioambiental importante. También causan daños económicos. Sin embargo, hasta ahora nunca se habían cuantificado. La Consellería de Infraestructuras analizará por primera vez el coste del déficit hídrico sobre la actividad económica: desde la agricultura, la industria, la energía, el turismo al propio abastecimiento urbano.
“Es una cuestión en la que hay que trabajar durante la ejecución del propio plan, en el que se establecen unas pautas para poder abordar en el futuro estas cuestiones”, explica el departamento que dirige Ethel Vázquez.
En función de la dimensión de los impactos económicos que acarree la sequía se podrán articular medidas para mitigarlos, según recoge el Plan contra la Sequía de la Demarcación Galicia-Costa.
La falta de agua no es un problema aislado. Cada vez son más recurrentes estos episodios de escasez. Entre 1940 y 2021 Galicia sufrió 13 situaciones de sequía, cinco de nivel moderado y ocho de nivel severo.
De hecho, de los ocho episodios de sequía severa, siete de ellos se produjeron en los últimos 45 años, el último fue entre 2016 y 2018.
Y el cambio climático acentuará el déficit de agua. Según los cálculos recogidos en el Plan contra la Sequía de la Xunta, los recursos hídricos descenderán un 8,6 por ciento de aquí a 2039.
