Las batallas entre la Xunta y el Gobierno central, lejos de apaciguarse, se recrudecen. La administración general rechaza transferir a Galicia las competencias sobre el litoral, como hizo con Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares, alegando que es necesaria una reforma previa del Estatuto de Autonomía. Esta postura se topa con la protesta del Ejecutivo gallego, que avanza la intención de mantener su demanda, que considera “totalmente legítima” y que tratará de conseguir pese al rechazo inicial.
Galicia cuenta con más de 2.000 kilómetros de costa y desea las competencias sobre la gestión del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la primera franja del litoral, cuestión que ha enfrentado a la comunidad con el Gobierno central por la caducidad de las concesiones para ocupar ese terreno en un máximo de 75 años, que amenaza con el derribo de miles de casas y empresas, o con el bloqueo que impone el nuevo reglamento de Costas al cambio de usos de los inmuebles en los primeros cien metros a partir del litoral.
La Xunta quería equipararse con las citadas comunidades y gestionar estas cuestiones, pero el Gobierno alega que es necesario reformar el Estatuto de Autonomía.
“Galicia, Andalucía y Cataluña tienen las mismas competencias exclusivas en materia de ordenación del litoral. La diferencia es que mientras Andalucía y Cataluña ya tienen transferida la gestión del DPMT, Galicia no”, lamenta la Consellería de Medio Ambiente, que alega que la comunidad cuenta con competencias sobre la gestión de concesiones y autorizaciones., según el fallo del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán.
“Por eso, el Estado puede realizar el traspaso por real decreto, sin necesidad de reformar el Estatuto de Galicia y, de no acceder existía aún la posibilidad de que el Parlamento gallego reclamase la transferencia presentando una proposición de ley orgánica ante la Mesa del Congreso”, añade.
