La guerra en Ucrania causada por el ataque ruso ha acelerado el encarecimiento energético, hasta el punto de que el Gobierno central ha buscado amparo en la Unión Europea para rebajar temporalmente la factura de luz y gas. Las previsiones resultan pesimistas –el precio del gas subió casi un 10% para el segundo trimestre de este año– y por ello la Xunta busca un escudo a partir de 2023, cuando expira su contrato centralizado para lograr el suministro de gas. Para ello, sondea el mercado en busca de información para rebajar su factura, que ronda los 50 millones de euros al año.
La administración gallega cuenta con blindaje ante la crisis energética, pero desea mejorarlo. El último intento se refiere al gas para dotar de calefacción y agua caliente a 230 de sus centros que usan este combustible, cifra que incluye el servicio sanitario y los centros escolares.
La Xunta dispone de un contrato centralizado con Gas Natural por casi 50 millones suscrito a finales del año pasado y que expira en diciembre de 2023, según consta en el Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Gracias a ese mecanismo, ahorró entre 2020 y el año pasado 5,57 millones de euros, de acuerdo con la estimación de la Vicepresidencia Primera, encargada de Economía, Industria e Innovación.
Pero quieren rebajar más la factura, un deseo problemático a la vista de las dificultades para cerrar esos contratos. “Los dos últimos procedimientos de licitación que se llevaron a cabo tuvieron como resultado que uno d ellos, tramitado en el año 2020, quedase desierto y al otro, tramitado en el año 2021, solo se presentase un único licitador”, reconoce el departamento dirigido por Francisco Conde en el pliego de las “consultas preliminares del mercado para establecer una metodología de determinación del precio de los contratos relativos al suministro de gas natural canalizado y gas natural licuado” a los centros de consumo de la administración gallega.
Ante las dificultades para fomentar la competencia entre compañías suministradores y “conseguir el mayor ahorro posible”, la Vicepresidencia pretende conocer mejor el mercado y establecer una fórmula para fijar el precio del gas en la nueva licitación. “Con esta intención, se le va a formular a las empresas una serie de cuestiones para determinar un método de cálculo del precio que se podrá aplicar en este tipo de contratos”, justifica el citado pliego, en el que trabajan el Inega y la Secretaría Xeral Técnica de la Vicepresidencia Primera.
De esa manera, aspiran a fomentar “la eficiencia y el ahorro energético para la administración autonómica de Galicia y contribuir a la doble finalidad de la austeridad y sostenibilidad financiera del sector público, teniendo en cuenta la actual escalada de precios de la energía”.
Para ello quieren conocer si las empresas prefieren un precio fijo durante toda la vigencia del contrato, una revisión a los dos años cuando se prorrogue el contrato, revisiones a partir del primer ejercicio o cuatro actualizaciones de la tarifa.
El gas no es la única fuente energética que ha experimentado un crecimiento disparado de precios. Pero la Xunta cuenta con contrato centralizado para el suministro de luz a sus más de 2.000 centros. Este contrato expira en dos años, pero puede prorrogarse otro ejercicio, por lo que la administración está protegida hasta 2025. El coste es de 35,4 millones con un coste por megavatio un 80% por debajo del mercado.
